Recolectada la información necesaria, sumado a la cercanía del juicio (se desarrollaría antes del 20 de marzo) el fiscal del Ministerio Público de la Acusación realizó una nueva solicitud para la liberación de ambos inculpados, acusados de presunta supresión de identidad en perjuicio de una menor de edad y violencia psicológica en el contexto de violencia de género.
Si bien la orden de cese de detención se dio promediando la mañana, su liberación tuvo lugar recién pasadas las 20:00 por inentendibles demoras burocráticas.
La palabra de los protagonistas tras la liberación
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La Coordinadora por la Liberación de Nahuel y Roque, grupo de trabajo que se formó inmediatamente tras conocerse el pedido de detención, recibió con vítores a los hombres excarcelados desde el frente de la Unidad Penitenciaria N°1 del barrio Gorriti. Un encuentro emotivo que convocó a la familia de ambos, también asesores legales y manifestantes que tomaron su causa como propia ante las injusticias percibidas.
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Fue este grupo, encabezado por Lucía Castro, pareja de Morandini, quien se encargó de velar por la integridad de los tuiteros, haciendo presentaciones ante organizaciones de Derechos Humanos, Relatoría Especial de las Naciones Unidas, Corte Interamericana de Derechos Humanos, además de colectas para sostener económicamente a las familias involucradas. También expusieron las condiciones de detención de Morandini, generando una controversia entre la versión oficial y la situación que los detenidos aparentemente padecían, especialmente durante los primeros días de su estadía en la cárcel.
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Se presume que la exposición mediática de la cual fue parte el propio gobernador jujeño Carlos Sadir, incluso llegando a las portadas de medios nacionales e internacionales, motivó la nueva decisión que finalmente el juez de Control Salvador Ortiz terminaría por adoptar. El primer mandatario jujeño tuvo una serie de yerros durante la entrevista realizada por el periodista Ernesto Tenembaun, denotando su falta de conocimiento sobre la causa al tratar de alejar la posible injerencia del poder Ejecutivo sobre el Judicial.
“Si es por cosas que dicen en contra de los gobernantes, del ex gobernador Morales o cualquiera de nosotros, hay miles, millones de posteos y cosas. No es que ninguno de ellos está preso. Acá se dio un caso puntual y la justicia está investigando eso. Más allá que podemos conocer el caso, lo que se plantea, no creo que sea de la manera que plantean que la gente va presa por tuitear”, ensayó a modo de justificación Sadir.
Expertos en derecho constitucional consultados por múltiples medios una vez viralizado el caso, alertando sobre un posible castigo desmedido tanto en el aspecto acusatorio como la medida de reclusión, como si hacer un posteo en tono de burla fuera suficiente para movilizar tamaño aparato judicial. Sumado a las suspicacias que desprende la participación del Consejo Provincial de la Mujer, organismo de gobierno que se constituyó como querellante.
Resta saber que ocurrirá con el destino de Lucía González, de profesión arquitecta y acusada en una causa paralela de haber cometido los mismos delitos. Sobre ella también pende una tercera orden de detención librada el 26/01, mientras se encontraba fuera del país.
“Me acusan por algo que se habló en un grupo de WhatsApp de once personas. Yo hablo de un chisme, lo digo claramente, es un chisme que escuché en la verdulería. No hice absolutamente nada más”, explicó quien sería la responsable de viralizar el rumor según el fiscal Rondón.
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