No todas las jurisdicciones pueden darse el lujo de hacer semejante recorte de recursos humanos, aún cuando sus estructuras puedan funcionar perfectamente. Pasar la motosierra en provincias como Jujuy donde la generación de empleo genuino se encuentra virtualmente paralizada desde hace años tendría resultados catastróficos para la recuperación de la actividad económica y obviamente la impopular medición de la desocupación.
Según un informe reciente elaborado por el economista Nadin Argañaraz, presidente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) Jujuy ocupa el 19° puesto entre las provincias con mayor crecimiento de empleo en el sector privado durante los últimos tres años, totalizando a mayo de 2024 cerca de 56.000 trabajadores registrados y con un marcado descenso en la medición interanual de -5,2%.
Muchos dirigentes políticos han afirmado que el “empleo formal en Argentina no crece desde 2011”, hecho que se ha visto reflejado en nuestra provincia y hasta profundizado. En 2015 Gerardo Morales criticaba a su predecesor por no haber cambiado la matriz laboral, dejando “85 mil empleados públicos y sólo 55 mil puestos de trabajo en la actividad privada. Es un modelo que se agotó, no hay trabajo”.
Embed - Morales - Empleo público Jujuy
Aunque la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos (Dipec) no ha actualizado su base de datos, hacia finales de 2023 informó 91.888 empleados públicos, lo que indicaría que durante su gestión, el contador Morales no solo fracasó en su intento de revolucionar la oferta, si no que agrandó en 8,1% el Estado que el mismo consideró sobredimensionado.
En ese mismo período según IARAF el sector privado fluctúo entre peores y mejores etapas, teniendo solo 1.000 nuevos puestos en relación al diagnóstico 2015 que ofreció Morales. Pero como no son datos oficiales, solo resta esperar las mediciones oficiales sobre desocupación que Indec revelará próximamente.
El Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que contabiliza los aportes jubilatorios informaba hasta el tercer trimestre del año pasado: 64.658 trabajadores en el sector privado jujeño, lo que implicaría una mejora de 17,56% respecto a 8 años atrás, no obstante es imposible ignorar que todos los indicadores del corriente año muestran una retracción laboral.
Para tomar dimensión del estado de situación laboral local, el Registro Nacional de la Economía Popular (ReNaTEP) informaba hasta septiembre de 2023 que el 12,2% de la población económicamente activa pertenecía al circuito en negro, siendo Jujuy con 131.204 la segunda provincia con más trabajadores desarrollándose en la informalidad sobre una base de 484.190.
Por cada 1 trabajador jujeño en el sector privado, hay 1,5 estatales y 2,4 informales
Hasta el pasado julio al menos, se estimaba que los asalariados dependientes de la administración pública superaban los 3.3 millones en Argentina siendo que el 66% pertenecían a las provincias y otro 13% aproximadamente a los municipios.
La provincia conducida por el contador Carlos Sadir actualmente registra 1 de cada 8 jujeños ocupando un puesto en el Estado, ratificando que lejos de fomentar la participación privada se convirtió en un competidor desleal a través de la expansión del aparato estatal sobre terrenos que a priori no son de su incumbencia, llámese Xuma, Compañía de Seguros, GIRSU, Cannava, etc.
Como si fuera una bajada de línea, lo mismo ocurre en numerosas localidades donde la asignación de trabajadores municipales está librada de criterio, como Perico (1955), La Mendieta (1.175) La Quiaca (732) El Talar (461) San Antonio (376) Volcán (104) entre otros.
De los números expuestos por el Ministerio de Hacienda en el apartado Recursos a los Municipios se contabilizan 25.085 personas en planta (o sea que no comprende a los trabajadores indirectamente relacionados, llámese jornalizados u otras relación) distribuidos en los departamentos que conforman la geografía política provincial. De la revisión se deduce que el departamento Valle Grande tiene una cantidad desproporcionada respecto del resto, siendo de 170 municipales cada 1.000 habitantes, seguido por Santa Catalina (60,84) Santa Bárbara (59,07) Tumbaya (55,93) sucesivamente hasta llegar al último lugar ocupado por el Departamento Manuel Belgrano (20,96).
En caso de recortar el gasto público como pretende Javier Milei, sería hasta lógico iniciar por el apartado salarial que para el presupuesto 2024 requiere el 70% del total ¿Pero a dónde migrarían esos trabajadores cesanteados cuando la actividad económica aún no se recupera? El sector privado, atosigado por la asfixia impositiva y la recesión económica no está en condiciones de absorberlos. En un escenario hipotético el sector informal los abrazaría, pero eso implicaría salir del sistema, aumentar la cantidad de beneficiarios de programas sociales y al mismo tiempo dejar de recaudar los aportes que van hacia el Estado Nacional, un círculo vicioso del desfinanciamiento oficial.
