La legalización contemplaría la habilitación de dos paradas para el servicio: una en el barrio Coronel Arias para el descenso de pasajeros y otra en la calle Jorge Newbery para el ascenso.
Marcel Vilca: “Hay un acuerdo espurio y pestilente, entre el PJ y la UCR”
El titular de la Cámara de Transporte alternativo de pasajeros, rechazó la legalización del servicio interjurisdiccional, y denunció un acuerdo entre el Justicialismo y la UCR para sacar rédito político de esta situación.
“Nos oponemos totalmente a un esquema de legalización del sistema de transporte ilegal interjurisdiccional. En este esquema queremos denunciar y los hechos de la realidad nos van dando la razón, que hay un acuerdo espurio, pestilente, entre el Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical. Los que están buscando en este año electoral es hacer clientelismo político con la entrega de licencias a través de la creación de un sistema de “remises interjurisdiccionales”, apuntó el dirigente molesto por la inminente legalización de un servicio que hasta el día de hoy funciona en total ilegalidad.
Consideró Vilca que “el ministro Matuk está apelando a un decreto de sospechosa legalidad, en concordancia de oscuros interés políticos y económicos. El intendente es funcional a esa orden del gobernador Eduardo Fellner y le toca la habilitación de paradas para el transporte interjurisdiccional”.
Reveló además que “quien transita por la ilegalidad, quien no paga impuestos, quien ejerce hechos de violencia contra de los ciudadanos, son los que tienen un trato privilegiado y un tratamiento ventajoso tanto desde la UCR como del Partido Justicialista”.
Al sector, el intendente Jorge negó una audiencia para exponer sus motivos al rechazo de la legalización de este servicio. Ante esta situación, analizó: “El sistema de taxi legal, que somos quienes le pagamos los altos sueldos que cobran los funcionarios municipales a través de nuestros impuestos, que aportan 8 millones al erario municipal, no son recibidos, no son atendidos, son desestimados y en contraposición se presta rápido a solucionar el problema de los ilegales”.
El referente del sector dijo que es el intendente quien tiene la facultad de permitir que se siga con esta iniciativa o no. “Si el intendente no habilita la parada al transporte ilegal, por más que quiera el gobernador Fellner, no puede legalizar al transporte interjurisdiccional”.
En este sentido, denunció: “Más allá de lo que se dice públicamente, para engañarnos, lo que está acordado es habilitar una parada en Chango Mas para el descenso de pasajeros y habilitar en forma exclusiva para el ascenso de pasajeros la calle Jorge Newbery entre Dorrego y República de Siria”. Adelantó además: “En dos o tres meses, vamos a estar discutiendo porque va haber muchos de estos truchos”.
Respecto a los controles a este nuevo servicio, Marcel Vilca reconoció que es imposible hacerlo “porque el municipio no tiene la capacidad en los recursos humanos y la logística y tampoco tiene la tecnología necesario para realizar los controles”.
Finalmente, Marcel Vilca consideró: “Todos los que estamos en transporte, sabemos que el control es una fantasía, porque después de entregar la licencia no les va a importar lo que le pasa al usuario, al taxista legal, al interjurisdiccional, porque es humana y logísticamente imposible aplicar esos controles. Es una ficción lo que están vendiendo, porque tienen que cumplir la orden del ministro Randazzo, tanto el intendente Jorge como el gobernador Fellner, de implementar el SUBE. A fin de cumplir esa orden, no les importa a quien legalizar”.
Consideró Vilca que “el ministro Matuk está apelando a un decreto de sospechosa legalidad, en concordancia de oscuros interés políticos y económicos. El intendente es funcional a esa orden del gobernador Eduardo Fellner y le toca la habilitación de paradas para el transporte interjurisdiccional”.
Reveló además que “quien transita por la ilegalidad, quien no paga impuestos, quien ejerce hechos de violencia contra de los ciudadanos, son los que tienen un trato privilegiado y un tratamiento ventajoso tanto desde la UCR como del Partido Justicialista”.
Al sector, el intendente Jorge negó una audiencia para exponer sus motivos al rechazo de la legalización de este servicio. Ante esta situación, analizó: “El sistema de taxi legal, que somos quienes le pagamos los altos sueldos que cobran los funcionarios municipales a través de nuestros impuestos, que aportan 8 millones al erario municipal, no son recibidos, no son atendidos, son desestimados y en contraposición se presta rápido a solucionar el problema de los ilegales”.
El referente del sector dijo que es el intendente quien tiene la facultad de permitir que se siga con esta iniciativa o no. “Si el intendente no habilita la parada al transporte ilegal, por más que quiera el gobernador Fellner, no puede legalizar al transporte interjurisdiccional”.
En este sentido, denunció: “Más allá de lo que se dice públicamente, para engañarnos, lo que está acordado es habilitar una parada en Chango Mas para el descenso de pasajeros y habilitar en forma exclusiva para el ascenso de pasajeros la calle Jorge Newbery entre Dorrego y República de Siria”. Adelantó además: “En dos o tres meses, vamos a estar discutiendo porque va haber muchos de estos truchos”.
Respecto a los controles a este nuevo servicio, Marcel Vilca reconoció que es imposible hacerlo “porque el municipio no tiene la capacidad en los recursos humanos y la logística y tampoco tiene la tecnología necesario para realizar los controles”.
Finalmente, Marcel Vilca consideró: “Todos los que estamos en transporte, sabemos que el control es una fantasía, porque después de entregar la licencia no les va a importar lo que le pasa al usuario, al taxista legal, al interjurisdiccional, porque es humana y logísticamente imposible aplicar esos controles. Es una ficción lo que están vendiendo, porque tienen que cumplir la orden del ministro Randazzo, tanto el intendente Jorge como el gobernador Fellner, de implementar el SUBE. A fin de cumplir esa orden, no les importa a quien legalizar”.