La características habitacionales como el hacinamiento crítico, el saneamiento o acceso a los servicios públicos elementales de los hogares revelan el enorme déficit social de Argentina. Cerca del 3,7 por ciento de los habitantes del país viven en condiciones de hacinamiento y el 45,5 por ciento de los hogares no accede a algún servicio básico (agua corriente, gas y cloaca). Sin embargo materia de hábitat social y condiciones de vida de las personas el Gobierno de Javier se limita a mantener los pagos de la AUH y Tarjeta Alimentar, dos medidas insuficiente a la luz de estas estadísticas.
El estudio mide las características del hábitat, como el hacinamiento, acceso a servicios públicos, la cercanía a basurales y zonas inundables, etc. También la Cobertura médica y Educación de las personas, entre otras mediciones. Los datos de pobreza (52,9 por ciento de la población) e indigencia (18 por ciento) en el primer semestre del año vuelven a publicarse en este informe y dejan en claro la insuficiencia de la políticas de este Gobierno, que solo se escuda en defender la idea de una pobreza heredada. Aunque el problema no haya iniciado con la actual gestión es conocida su falta de sensibilidad para abordar estas cuestiones, más aún tienden a estigmatizar a las personas vulnerables llamándolas “planeros”, o no penalizando públicamente a los seguidores que se refieren de este modo.
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Alrededor de 1,1 millones de personas vivieron en condiciones de hacinamiento crítico en Argentina en el primer semestre del año, se trata del 3,7 por ciento de los habitantes de los 31 aglomerados urbanos que releva la EPH. Estas personas se ven privadas de condiciones dignas para de los hogares en materia de privacidad, salud y generación de entornos aptos para el estudio y la socialización. Se consideran hogares con hacinamiento crítico aquellos en los que habitan más de tres personas por cuarto. En término de hogares, el 2 por ciento del total se encuentra en esta situación de espacio reducido.
En cuanto al saneamiento, considerado como la tenencia de baño –dependiendo de su ubicación (dentro o fuera del terreno), la exclusividad o no de su uso, el tipo de desagüe y su instalación- se definieron como hogares con saneamiento inadecuado aquellos que tienen al menos una de estas características y se trata del 12,6 por ciento de los hogares relevados en la EPF.
Otro indicador de las condiciones de vida de la población es acceso a los principales servicios públicos en los hogares. Es decir al agua corriente, gas de red y desagües cloacales. Las mediciones de Indec muestran que el 45,5 por ciento de los hogares no accede a algún servicio mientras que el 54,5 por ciento accede a los tres. En términos de personas se trata de 14,7 millones en el primer caso y 15 millones en el segundo grupo.
Puntualmente al agua corriente no accede el 9,3 por ciento de los hogares, a gas en red el 34 por ciento y a cloacas el 25,2 por ciento de los hogares.
En este sentido es relevante la interrupción de la obra pública que decidió el actual Gobierno, ya que el acceso a los servicios básicos para una vida digna en determinadas zonas del país solo es posible a partir del impulso estatal. La ex canciller, Diana Mondino, tuvo entre sus ideas más sorprendentes que las obras en los barrios populares fueran subvencionadas por la propia gente “que se junte” para decidir qué obras hacer con el dinero que les sobraría de no pagar impuestos.
Otra estimación relevante de este informe de Indec se refiere a las características del hábitat de acuerdo a su ubicación geográfica, si estas confluyen en alguna amenaza para las familias. Por un lado, se tiene en cuenta la cercanía a basurales, considerando una de tres cuadras o menos, y por el otro se contemplan las viviendas ubicadas en zonas inundables, considerando como tales aquellas en las que haya habido inundaciones en los doce meses anteriores al momento de la encuesta de Indec. En esta última medición se evidenció que el 4,6 por ciento de los hogares están cerca de basurales, esto afecta a 1,7 millones de personas aproximadamente. Y que 7,5 por ciento se encuentra en zonas inundables, involucrando a 2,7 millones de personas.
Siguiendo con datos de las personas, en cuanto a la cobertura médica el informe Indec mostró que el 32 por ciento de la población sólo asiste al sistema público de salud. Según grupos etarios se observa que el 42 por ciento de las personas con edad de hasta 17 de años accedieron exclusivamente al sistema de salud pública, mientras en el caso de personas de entre 18 a 64 años ese porcentaje fue del 33,7 por ciento y para los adultos mayores se redujo a 2,4 por ciento del total en el primer semestre. Los demás acceden a obra social, prepaga, mutual o servicio de emergencia.
En cuanto a la educación formal se observa que el 97,5 por ciento de la población de entre 4 y 17 años asistió a un establecimiento educativo, mientras que el restante 2,5 por ciento no asistió, lo que representa 169.000 niños, niñas y adolescentes en edad escolar, es decir, entre 4 y 17 años. Si se desagrega este resultado por grupo de edad, la asistencia escolar es menor entre los infantes de 5 a 14 años (93,5 por ciento de ellos) y en el caso de adolescentes de 15 a 17 años (con una asistencia de 93,3 por ciento), mientras que entre niños y niñas de 5 a 14 años suman el 99 por ciento de asistencia.
La EPH también mide estadísticamente el clima educativo del hogar, entendido como el promedio de la cantidad de años de escolaridad formal de las personas mayores de 18 años en cada hogar. Esto da lugar a un valor de clima educativo que luego se categoriza –para la población entre 4 y 17 años- como medio en el 38,5 por ciento de los casos, bajo en el 36,5 por ciento, alto en el 11,5 de los niños, niñas y adolescentes encuestadas, muy alto en el 9,7 por ciento de los casos y muy bajo en el 3,8.
Para la población de 25 años y más se presenta el máximo nivel educativo alcanzado, por grupo de edad. Se muestra la finalización del nivel primario, el nivel secundario y la educación superior. A modo de ejemplo, se señalan los resultados respecto a la finalización del nivel secundario: el 25,3 por ciento de la población de 25 a 29 años no finalizó dicho nivel, porcentaje que asciende al 33,4 por ciento en el caso de la población de 30 a 64 años y al 54,6 por ciento si se considera la población de 65 años y más.
Por último, el informe de Indec presenta indicadores de pobreza según ingresos para el primer semestre del año, para los 31 aglomerados contemplados el 18,1 por ciento de la población son indigentes mientras el 52,9 por ciento son pobres. Estadística que fue antes difundida por Indec. En tanto el 47,1 por ciento de la población es no pobre: es decir un porcentaje minoritario. Es curioso que las autoridades del Gobierno se contenten solamente con mostrar que mantuvieron el poder de compra de la Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar ante tamaña deficiencia en materia de pobreza que atraviesa el país en la actualidad. Son cifras alarmantes que requieren de acciones y políticas urgentes y de gran alcance.