- Alejandra Cejas, abogada local, dijo que la Fiscalía de Estado no podrá ser querellante en el juicio por los hechos ocurridos el 20 de junio del año pasado, en torno a la jura de la nueva Constitución jujeña.
- También atacó a la policía, indicando que los efectivos "recibieron $ 50.000 para salir a la calle a disparar”.
La Fiscalía de Estado no puede ser querellante por los hechos del 20 de junio de 2023
La abogada de referentes sindicales y de organizaciones sociales comentó el proceso judicial por los enfrentamientos que hubo cuando se modificó la Constitución de Jujuy.
El viernes pasado comenzaron las audiencias por los enfrentamientos que hubo en la Legislatura el 20 de junio del año pasado, en torno a la aprobación de la nueva Constitución de Jujuy, en las que son acusados 20 referentes de sindicatos y organizaciones sociales jujeñas, y de acuerdo a la abogada Alejandra Cejas, “se objetó la presencia de la Fiscalía de Estado porque son múltiples causas por lo que sucedió en junio de 2023, y estamos discutiendo en otros expedientes la participación que tuvo el Estado para que se indemnice y se resuelva quiénes son los responsables de los daños que tuvieron distintos ciudadanos en Jujuy”.
“El Estado es responsable, no puede asumir el rol de querella o víctima cuando son los grandes responsables de todo lo que sucedió en el marco de la reforma constitucional, y que generó tanto dolor en muchas familias de Jujuy. Ni hablar de detenciones ilegales. Lo que sucedió en el marco de las mismas sigue siendo una causa armada para mostrar que hay imputados, referentes de organizaciones sociales. Somos casi 10 abogados defensores. No tenemos fecha de finalización. Hoy comenzaron los alegatos en función de la lectura de elevación a juicio que realizó el fiscal”, dijo Cejas.
También apuntó que “la Fiscalía de Estado no puede ser querellante; se ha objetado además no participó de una audiencia que implica, de acuerdo al Código Penal, el desestimiento tácito de la participación en la causa. Quiso incorporarse el viernes y fue objetado por la mayoría de los defensores, por eso no pueden seguir participando, y menos en calidad de querella”.
Por otra parte, acusó que “los policías recibieron un bono de $ 50.000 para salir a la calle a disparar. No entiendo su rol de víctimas. No entiendo que el Estado no termine de asumir la violencia institucional que desplegó y pretendan ser víctimas y querellantes en una causa armada, altamente política. Dicen que 20 personas, de 30.000 manifestantes, fueron responsables de rotura de edificios públicos”.
Asimismo, acusó que “el Estado entregó a los funcionarios armas letales, resorteras. Los estudiantes de la policía también estaban, porque se les reconoció, venían preparados para generar disturbios. Hay que empezar a tener sentido de realidad. En Jujuy hace tiempo perdimos el sentido de hablar con la realidad y estamos generando carpetazos absurdos para justificar lo injustificable”.
Causas armadas
Por otro lado, la abogada Silvana Llanes sostuvo que “las pruebas que presentan no tienen validez jurídica, está todo armado. Es un armado de causas que avanzan. Seguimos esperando que imputen a los funcionarios públicos. Juegan políticamente con estas causas para amedrentar, criminalizar y adoctrinar, pero la gente está cansada. Seguiremos hasta el fondo con la imputación de funcionarios públicos”.