Cifras que duelen, pero deben interpelar a la dirigencia política sea quien fuere el mandatario ocasional. Los números reflejan que no alcanza con la asignación de millonarios presupuestos, la apertura de ministerios o estructura burocráticas, esas recetas han sido aplicadas en territorio nacional y también en Jujuy con cuestionable éxito. A no olvidar, estas fueron las víctimas del corriente año dentro de la jurisdicción.
- Deborah Cano de 29 años, quien tenía dos hijos y estaba embarazada de 8 meses cuando fue brutalmente asesinada en El Piquete a fines de agosto.
- Jorgelina Cruz de 38 años, acuchillada por su ex pareja en barrio 23 de Agosto de la ciudad de El Carmen en septiembre.
En todo caso deben ser complementadas con leyes, capacitación efectiva, protocolos de actuación, recursos humanos especializados, funcionarios judiciales que actúen en el campo preventivo y no se limiten a otorgar una fútil orden de restricción perimetral. A más de cuatro de sancionada la Ley 27.499, también conocida como Ley Micaela (establece capacitación obligatoria en género para todos los trabajadores públicos) resulta inentendible para la opinión pública que entre funcionarios de alta jerarquía existan causas abiertas por episodios de violencia, hostigamiento y acoso en ámbitos de trabajo.
Son los estados, tanto nacional como provinciales, quienes deben bajar línea desde las esferas de poder más altas, castigando incluso a los funcionarios que no pregonen con el ejemplo. La violencia de género y su desenlace fatal, el femicidio o feminicidio, requieren acción inmediata en territorio, la necesidad de un cambio cultural es imperiosa ante un flagelo instalado, especialmente en el seno del hogar. Nuevamente citando a la Defensoría del Pueblo: el 60% de las víctimas perdieron la vida en el ámbito doméstico y el 17% realizó una denuncia previa.
Desde el raid de femicidios ocurrido en Jujuy durante 2020, se sancionó y posteriormente prorrogó una Ley para declarar la Emergencia en Violencia de Género, bautizada como Iara, en honor a la adolescente palpaleña del mismo nombre. Su reglamentación y asignación de presupuesto demoró cerca de un año, exponiendo el desinterés de la clase política, aunque que no hubo contratiempos para crear el Consejo Provincial de la Mujer asignándole un presupuesto millonario cuya mayor parte va dirigida al pago de salarios, un organismo con rango ministerial para velar por el cumplimiento de la legislación y el Comité interinstitucional permanente de actuación ante la desaparición y extravió de mujeres y niñas o personas de la diversidad (CINDAC).
El primero no ha podido garantizar las premisas de la Ley como ser la prevención de los delitos, creación de nuevos refugios, ha tenido fallas en asesoramiento y contención, siendo denunciado públicamente por múltiples víctimas de violencia de género o en su defecto familiares. Luego de tres años su rol ha estado más bien avocado al rol de querellante, en la mayoría de los casos con la fatalidad consumada.
"El presupuesto destinado a salarios de por si es insuficiente para garantizar un servicio conforme demanda actual. Aun con los profesionales que hay hoy no alcanza para atender con inmediatez y siguen dando turnos para un mes después. No se pone en nada dinero para las familias. Necesitamos más equipos, más sedes, abrir centros en los barrios. Eso no esta en carpeta", explicaba a JujuyalMomento la abogada local y referente de la Multisectorial de Mujeres, Mariana Vargas, describiendo una situación que parece mantenerse hasta la actualidad.
Mientras que CINDAC ha sido señalado como una mera cartelera de búsqueda de personas extraviadas, por ejemplo la referente de Mujeres de la Matria Latinoamericana, Giovana Martínez se refería así: "tiene que dejar de ser solo una red social y comenzar a trabajar articuladamente con todas las instituciones que intervienen... Que tomen la crítica y tengan autocrítica para poder hacer lo mejor posible su trabajo".
Embed - "El CINDAC tiene que dejar de ser solo una red social"
Como resultado directo o indirecto, las cifras en Jujuy no han disminuido, continúa siendo una de las provincias con la tasa de femicidios más alta cada 100.000 habitantes. Contabilizando 25 víctimas en los últimos cuatro años, 3 durante el corriente año. La insatisfacción de los grupos feministas, multisectorial de mujeres y grupos de autoconvocadas se ha hecho sentir frente a las instalaciones del Consejo Provincial de las Mujeres, especialmente durante los últimos dos años, entendiendo que el manejo de la entidad ha sido deficiente y usado de modo dedocrático a favor de los aliados militantes.
Embed - El presupuesto para políticas de violencia de género en la mira
Si bien las fuentes pueden diferir, en cuanto los observatorios independientes u Organizaciones No Gubernamentales suelen basarse en las publicaciones periodísticas mientras que la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Defensoría del Pueblo se apoyan en las causas judiciales registradas, resulta innegable que el flagelo es estructural y las medidas adoptadas no alcanzaron las expectativas originales de la población objetivo, especialmente del centenar de mujeres que hizo vigilia ante la Legislatura o participó del debate puertas adentro tres años atrás.
Los informes elaborados anualmente por la Defensoría del Pueblo establecieron que en 2022 el total de femicidios a nivel país fue 226, con una media nacional de 0,96 mujeres asesinadas cada 100.000 habitantes y posicionando a Jujuy en el quinto lugar del nefasto ranking con una tasa de 1,96 a causa de siete víctimas. El año pasado una mujer perdía la vida, por el solo hecho de serlo, cada 39 horas en promedio y como fue expuesto en las primeras líneas de esta nota, el promedio calculado por el mismo organismo actualmente bajo a 27 horas, una cifra inédita.
En 2021 los números fueron similares con 251 mujeres asesinadas, un femicidio cada 35 horas y una tasa cada 100.000 habitantes de 0,99. Jujuy quedó en la octava posición, contabilizando cuatro víctimas fatales. Pero fue 2020 el verdadero punto de quiebre que instaló a la provincia norteña como una de las más peligrosas de la región en materia de violencia hacia las mujeres, ocupando el primer lugar, casi triplicando la media nacional con 2,82 debido a los 11 femicidios registrados, cinco de ellos con una separación de 45 días.
