Durante las últimas dos semanas hubo problemas y falta de coordinación por un dilema: por un lado, la provincia necesita que cada flete ingrese a territorio jujeño para abastecer el consumo y la producción, pero por otro, intenta controlar uno por uno a los choferes, ya que transitan por zonas del país donde hay circulación comunitaria de coronavirus.
Esta situación se tornó contradictoria y hubo momentos de tensión dado que el riguroso control generó filas de 15 kilómetros en el ingreso apostado en la ruta 34 a la altura de la localidad de Pampa Blanca, en el límite con Salta.
El momento más tenso se dio durante la semana que pasó cuando un camionero oriundo de Fraile Pintado, localidad situada a 75 kilómetros de la capital, pasó el “testeo rápido” que se realiza en el ingreso pero a los dos días manifestó síntomas de coronavirus.
Tras ser sometido a un segundo control, esta vez el conocido como test PCR, que sí tiene la capacidad de identificar el virus en el organismo, el camionero dio positivo.
El gobernador fue el primero en cuestionar la actitud irresponsable del camionero, quien no había cumplido con la recomendación de autoaislarse por 14 días en su regreso, e involucró a 34 personas con las que tuvo contacto. Dos pueblos debieron ser “cerrados” con una estricta cuarentena que impuso el gobierno de la provincia y que culmina este miércoles. Por el momento, el gobierno asegura que todos los contactos examinados dieron resultados negativos y no presentan síntomas de COVID 19.
Pese a la dura crítica de Morales hacia los trabajadores, el gobierno recibió crítica por la falta de coordinación previa con las empresas.
El señalamiento guardaba sentido común: la gestión debía tener conocimiento de que 400 personas por día – o más – llegarían con la mercadería que los jujeños consumen desde las zonas más afectadas por la pandemia. Era lógico hacer una previsión, un trabajo previo que permita advertencias y generación de protocolos que extremen los cuidados.
Inicialmente el gobernador, abrumado, les pidió a las empresas que se hagan cargo de esa coordinación, pero el problema no se atemperó.
Finalmente, Morales anticipó este domingo que convocará a los empresarios para realizar este trabajo conjunto.
Hay expectativa e interés por saber quiénes se sentarán a la mesa con Morales o con el funcionario que él designe para la coordinación.
Es conocido en el mundo de la producción y la política que un aliado político del gobernador, el diputado del PJ Rubén Rivarola – antes aliado de Eduardo Fellner – es propietario junto a sus hijos de las empresas de transporte por flete más importantes de la provincia, con fuertes vínculos con el estado provincial.
Tal es su influencia que en los sectores productivos aseguran que el desabastecimiento no era posible ya que todos los productos secos “los maneja la política”.
Hacían referencia al propio Rivarola y también a Pedro Segura, conocido supermercadista e integrante del oficialismo. Segura fue diputado provincial hasta diciembre y recientemente designado director de la empresa estatal más importante de Jujuy, JEMSE, la que maneja, entre otros proyectos, el del parque solar que se construye desde hace tres años en Cauchari.
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Gerardo Morales y Rubén Rivarola, junto a los legisladores Mario Fiad y Pedro Segura, durante la inauguración de la clínica Fátima. (Foto: El Tribuno de Jujuy)
Además hay versiones que vinculan al actual intendente Iván Poncio como propietario de camiones de meteórico ascenso durante la actual gestión.
Otros en el sector privado son igual de conocidos pero sin tanta exposición dado que su vínculo con el estado es menos estrecho.
La reunión se realizará a lo largo de la jornada y busca dejar definido de qué manera pueden cuidarse los choferes, con protocolos de llegada y salida y la posibilidad de afrontar el costo de los testeos en las empresas.
Antes de la reunión, el gobernador Morales les lanzó una advertencia: su gobierno impondrá una multa de un millón de pesos a las empresas que provoquen inconvenientes nuevos.
