EJESA

Tras una tensa reunión con diputados oficialistas, gremios y organizaciones sociales anticiparon que el Ejecutivo provincial evalúa emitir un decreto para suspender los cortes de energía por falta de pago. Sin embargo, advirtió que la medida "es solo para ganar tiempo" y fustigan la falta de transparencia respecto a los costos y contratos de EJESA.

La abogada especialista en derecho del consumidor, Alicia Chalabe, destapó los puntos que el oficialismo y la SUSEPU evitan mencionar en la justificación del tarifazo eléctrico. Advirtió sobre un contrato de 79 dólares el megavatio con la empresa Secco S.A. que se traslada directamente a los usuarios jujeños y reclamó la exclusión de tasas municipales de las boletas.

Gremios y organizaciones sociales acudieron a la Legislatura, a más de un mes de haber presentado un petitorio colectivo para que se retrotraigan los aumentos de la tarifa de luz y se prohíban los cortes de servicio por falta de pago. Esperan ser recibidos por el bloque oficialista.

En el inicio de la campaña de trasplante, desde la Cámara de Tabaco de Jujuy advirtieron que las tarifas vigentes empujan al quebranto. Apuntaron contra la presión tributaria local y la falta de control nacional.

La asociación de consumidores CODECUC volvió a cuestionar el esquema de contratación de energía eléctrica en Jujuy y aseguró que los acuerdos suscriptos entre JEMSE, EJESA y la empresa Industria Juan Secco S.A. son uno de los factores que explican el elevado costo que afrontan los usuarios en las facturas del servicio.

"Prácticamente no comemos para pagar la luz", relató con desesperación Patricia Gutiérrez, una vecina de Palpalá que padece epilepsia y subsiste con una pensión mínima.

Vecinos de los asentamientos El Duraznito y La Intermedia sufren cortes de luz constantes que queman sus electrodomésticos. Denuncian trabas burocráticas entre EJE SA, el Municipio e Hidráulica: "Queremos pagar el servicio, no lo queremos gratis", afirman.

Un usuario de Tilcara reveló que la empresa prestataria del servicio y la SUSEPU estarían cobrando cargos adicionales en las facturas de luz de manera irregular, debido a que la medida cautelar que frenaba la orden nacional de quitarlos venció el pasado 31 de enero de 2026.

El bloque de diputados del PTS–Frente de Izquierda presentó un pedido de informes en la Legislatura para que el Ejecutivo explique la adjudicación y el estado de contratos de abastecimiento de energía con empresas que, según denuncian, aún no pusieron en funcionamiento los parques solares comprometidos.

El drama se vive en el barrio Ruth Navea donde vecinos reunieron 4 millones de pesos para saldar una deuda tras el corte del servicio por un conflicto de medidores comunitarios. Abonaron pero todavía no les habilitaron los medidores individuales, en un ida y vuelta de responsabilidades, que los dejará todo el fin de semana largo sin luz.