La controversia por los costos del servicio de energía eléctrica en la provincia sumó un nuevo capítulo en el ámbito parlamentario. A partir de las constantes quejas de los usuarios por los montos reflejados en las boletas, ingresó a la Legislatura de Jujuy un pedido de informes impulsado por el diputado Juan Soler para exigir una auditoría contable rigurosa sobre la empresa distribuidora EJESA y determinar la responsabilidad de la Superintendencia de Servicios Públicos y Otras Concesiones (SUSEPU).
Denuncia por megafraude de EJESA: avanzan con pedido de informe y requieren la intervención de ARCA
La iniciativa parlamentaria exige cruzar los datos fiscales de la distribuidora ante la SUSEPU y la agencia ARCA. El foco vuelve a ponerse sobre la facturación del IVA, el cargo FOPEJ y los sobrecostos del Sistema Aislado, en un escenario marcado por el antecedente de una denuncia por un presunto fraude millonario.
La iniciativa legislativa busca reabrir la fiscalización sobre la ingeniería financiera de la prestadora y vuelve a poner en primer plano el trasfondo de denuncias que pesan sobre la compañía por inconsistencias en la facturación y cobros de impuestos.
Los ejes del pedido de informes a la SUSEPU
El proyecto ingresado por Soler apunta a desentramarla estructura de costos autorizada a la empresa y plantea la necesidad de avanzar en tres puntos centrales:
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Revisión del IVA y principio de igualdad: La iniciativa solicita explicaciones sobre los criterios con los que se categorizan y aplican las distintas alícuotas del Impuesto al Valor Agregado en las facturas de usuarios residenciales, comerciales e industriales, evaluando si existieron distorsiones que perjudicaron a los consumidores.
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Transferencia de sobrecostos del Sistema Aislado: Exige transparentar si se han trasladado a la tarifa general costos e impuestos a los combustibles fósiles (ICL e ICO2) derivados de la generación térmica del Sistema Aislado Provincial (SAP), una práctica que incrementa la factura final sin un sustento claro para el usuario común.
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Cruce contable tripartito: El diputado solicitó la intervención de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP) y de la Dirección Provincial de Rentas para realizar un cotejo directo entre los costos de explotación declarados por EJESA ante la SUSEPU, sus balances comerciales y sus declaraciones juradas tributarias.
El antecedente de la denuncia por $6.600 millones
El pedido de auditoría parlamentaria se da sobre un terreno sensible. La facturación de la distribuidora arrastra el antecedente muy reciente de una denuncia por un presunto fraude de $6.654 millones, motivada por un supuesto ardid contable llevado a cabo entre mayo de 2024 y mayo de 2025.
Aquel planteo, que derivó en que asociaciones de usuarios como CODECUC evaluaran acciones legales, acusaba a la distribuidora de ocultar la aplicación real del IVA en usuarios residenciales al etiquetar el cargo FOPEJ como "exento", de calcular dicho tributo dentro de las tarifas unitarias de los comercios sin ingresarlo al fisco y de percibir tributos por combustibles teóricos para la generación de energía aislada que nunca habrían sido adquiridos.
Advertencia por la concesión
El avance de este pedido de informes busca determinar si la SUSEPU ejerció efectivamente su rol de contralor o si autorizó cuadros tarifarios basados en proyecciones de costos no verificadas.
( javier Gronda titular de la cuestionada SUSEPU)
Al respecto, Soler advirtió que, de ratificarse estas irregularidades tributarias y sobrecostos injustificados en el marco del control solicitado, la provincia quedará ante causales de gravedad suficiente para iniciar una revisión formal de los compromisos de la distribuidora y evaluar la posible rescisión del contrato de concesión de energía eléctrica.