En diálogo con Radio 2, el concejal Cristian Paredes detalló los ejes centrales de esta ordenanza, que contempla aspectos fundamentales para el desarrollo de la ciudad quebradeña y su histórica preservación.
Ante las objeciones iniciales de algunos sectores que tildaban al proyecto de meramente punitorio, Paredes remarcó que la normativa pone el foco en el bienestar social y el orden ciudadano. "El objeto principal de este código de convivencia y de falta es promover la convivencia pacífica, en modo que el respeto mutuo, el respeto por el vecino que trabaja en orden, el respeto por el vecino que cuida el espacio público, los vecinos que respetan la parte patrimonial, no menos importante, aquel que te va a graficar el monumento que tenemos a la vera de la independencia, aquel que te rompe el banco en la plaza", enfatizó el edil.
El cuerpo normativo, compuesto por aproximadamente 370 artículos, abarca áreas críticas como:
- Convivencia ciudadana y uso del espacio público.
- Protección del medio ambiente, higiene y paisaje urbano.
- Salud pública, seguridad alimentaria y sanitaria.
- Habilitación de actividades económicas y comerciales.
- Desarrollo urbano, obras de construcción y seguridad edilicia.
- Movilidad urbana y seguridad vial.
- Protección del patrimonio histórico, cultural, arqueológico y turístico.
- Bienestar animal y tenencia responsable (con especial énfasis en la erradicación de malas prácticas y contravenciones por animales sueltos).
- Regulación de espectáculos públicos, eventos y nocturnidad.
Reclamos por tarifas de EJESA e impuestos al combustible
En otro orden de temas, el concejal se refirió a las gestiones llevadas adelante ante la empresa EJESA y la SUSEPU en reclamo por la quita de impuestos provinciales y nacionales en las facturas de energía eléctrica. Lejos de obtener respuestas favorables, denunció que las últimas boletas llegaron con incrementos de entre 8 y 10 pesos por usuario, lo cual calificó como "una falta de respeto".
Asimismo, desde el bloque legislativo impulsaron un reclamo a nivel nacional y provincial por el impacto del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL), señalando que los consumidores locales pagan tarifas elevadas (casi 2200 pesos el litro de nafta) sin ver retribuidos esos fondos en obras viales o mantenimiento de rutas.
"El director de Vialidad Nacional vino a Humahuaca y textuales palabras nos dijo que no tienen plata ni para la pintura de la cinta asfáltica. Entonces, ¿cómo se explica que todos los días nos descuenten a nosotros cuando cargamos combustible?", cuestionó Paredes.
