Es por esta razón que, se retomó la junta de firmas (que había alcanzado las 11.000 posturas de usuarios), y así exigir la intervención de los diputados sancionando una ley. El nuevo objetivo es 18.000 firmas para hacer una nueva presentación ante la Legislatura.
Los integrantes de la iniciativa popular, recorren localidades del interior sumando posturas y avanzando firmes en su postura.
Tramo final y próximo ingreso a la Legislatura
En diálogo con Radio 2, Marcelo Pastore, referente del sector de vecinos autoconvocados de la ciudad de San Pedro, brindó detalles sobre el avance de la campaña que busca llevar un proyecto de ley por iniciativa popular a la Legislatura provincial.
Según explicó, el número mínimo requerido por la ley, fijado en 17.700 firmas, ya se encuentra cubierto con creces. No obstante, detalló que prevén realizar un recorrido en los próximos días por distintas localidades del norte provincial —como Tilcara, Maimará y La Quiaca— para asegurar que toda la región esté representada antes de la presentación formal.
Principales ejes del reclamo y del proyecto:
- Revisión del contrato y fin del monopolio: La iniciativa popular solicita formalmente que se evalúe el cumplimiento del plan de inversiones de la empresa prestadora, se revise el contrato de concesión ante las fallas y prestaciones deficientes, y se analice la apertura a múltiples prestadoras para terminar con el monopolio del servicio.
- Cargos y tasas en las facturas: El proyecto también reclama que se eliminen de la boleta de energía todos los cargos, tasas municipales y provinciales que encarecen el monto final que deben abonar los usuarios.
- Impacto social y económico: Los autoconvocados criticaron el peso de las facturas actuales, agravado por superposiciones de vencimientos en un mismo mes, y cuestionaron el rol de los organismos de control y los funcionarios ante la falta de respuestas a las demandas cotidianas de los vecinos.
Por último, Pastore recordó que la herramienta se ampara en los mecanismos constitucionales vigentes, por lo que una vez presentado el proyecto con el aval requerido, los legisladores provinciales tendrán plazos formales establecidos para su tratamiento obligatorio en el recinto.
