Es lógico por conveniencias logísticas de los agentes, pero ese aglomerado urbano representa el 47,63% de la población jujeña según el último censo y es la zona geográfica con mayor oferta laboral, además de poder adquisitivo.
Si nos quedamos con esa visión, conveniente para los gobiernos de turno desde el aspecto cuantitativo, la distorsión hará creer que efectivamente solo 4,8% de la población se encuentra desocupada y únicamente 169.000 personas componen la categoría “económicamente activas”. De ser así, cada trabajador ocupado sostendría a otros 4 jujeños pasivos, algo imposible con el nivel de ingresos promedio.
Embed - Especialista sostuvo que el trabajo privado en Argentina está estancado desde 2011
Aclarado este punto, tomando en cuenta los 92.000 estatales provinciales informados hasta 2021, los 61.100 empleados privados según el último informe del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y los 131.204 incluidos en el registro de trabajadores de la economía popular, llegamos a la conclusión que los trabajadores desempeñando tareas actualmente rondan entre las 285.000 y 291.000 (2% de margen de error), entendiendo que hay trabajadores fuera de todo registro, además que los datos más recientes pertenecen, en el mejor de los casos, al tercer trimestre de 2023. Esa cifra representa la masa total de trabajadores que moviliza con sus aportes y consumos la economía en toda la jurisdicción, sin contar a los jubilados y pensionados.
Los generación de empleo privado ha crecido solo 10% en los últimos ocho años. Durante 2023 hubo permanentes retracciones de la oferta laboral según informó el Ministerio de Trabajo de Nación, mientras que su equivalente informal ha incrementado permanentemente, por ejemplo entre diciembre 2022 y septiembre 2023 la variación fue de 4,13%. Con esas cifras, más la dependencia del empleo estatal, solo se ha incrementado el gasto público y la evasión fiscal, al contrario del estancamiento en la oferta de empleo genuino.
Los informes de las direcciones de estadísticas calculan el nivel de ingreso sobre canasta básica por separado, de allí que al medir la pobreza se dispare a 42,2% de la población, según fue informado en septiembre del año pasado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
El fenómeno del asalariado pobre, ciudadanos que trabajan pero cuya remuneración no alcanza los valores de Canasta Básica Total para un hogar de 5 integrantes según DIPEC (la composición tradicional en Jujuy) $583.388,18 se expande, directamente proporcional al congelamiento de salarios, incorporando nuevos miembros y incrementando los niveles de subocupación y ocupación demandante de empleo que si pueden ser advertidos en cada informe regular de Indec. Como dato adicional que ratifica esta tendencia de empobrecimiento, desde las oficinas de Anses Jujuy se informó a mediados de noviembre de 2023 que más de 54.600 trabajadores completamente fuera del sistema habían obtenido un refuerzo económico, esa cantidad de personas equivale al 35% de la población económicamente activa y 8% de la población total.
El sector previsional tiene una situación todavía más precaria, siendo que casi el 60% de los jubilados y pensionados jujeños perciben haberes mínimos, cuyo monto sin bonos o adicionales llegará a $137.203,8 en marzo, mientras que la canasta básica para una pareja de jubilados supera holgadamente los $300.000.
Como efecto colateral se puede advertir otro fenómeno, el pluriempleo entre las personas económicamente activas o en el caso de los adultos mayores, verse forzados a trabajar (salir de su retiro) para sostener el ingreso jubilatorio. En ambos casos se convierte en un adicional en negro, lo que implica aportes que se escapan a la recaudación impositiva. Si la estructura económica doméstica ha resistido y las cifras de Rentas no decaen, en gran medida se debe a los programas/beneficios sociales que llegan desde Anses, generando una inyección de pesos artificial en el circuito comercial y convirtiendo a Jujuy en una de las provincias más dependientes de asistencia del Estado nacional:
Hasta agosto del año pasado la Jefatura de Gabinete de la Nación informaba 48.852 titulares de tarjeta Alimentar y 51.874 de Potenciar Trabajo, además de asistencia a 63 comedores comunitarios por un total de $ 1.561.859.005, siendo después de Formosa la provincia con mayor necesidad de presupuesto para este tipo de objetivo en base a la población total.
