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Tres conflictos que pusieron en la mira la gestión en el Ministerio de Salud

Una polémica adjudicación favorable a un aliado en la oposición, un inexplicable retraso en los pagos a los prestadores del ISJ que puso en riesgo la continuidad del servicio a los afiliados y la incertidumbre respecto a la construir un centro de rehabilitación en Tilcara para el que llegaron fondos de Nación.

  • El Ministerio de Salud inició el 2020 arrastrando una serie conflictos de distinta índole que todavía no se han resuelto.
  • El manejo de fondos por parte del gobierno vuelve a ser el eje de la cuestión.

En los primeros días de enero de 2020, el Ministerio de Salud cobro cierto protagonismo por una serie de irregularidades que volvieron a generar polémica en torno a al manejo de los fondos que hace el gobierno de Morales y a la necesidad de transparentar las cuentas públicas.

La oposición plantea la falta de transparencia y el uso discrecional acusando una seria afectación del servicio de salud.

A continuación los principales escándalos que marcaron, en materia de salud, el inicio de la segunda gestión de gobierno.

Polémica concesión a un aliado del PJ

La clínica Maternoa SRL, vinculada a la familia Rivarola, fue recientemente beneficiada con un millonario contrato para prestarle servicios al Estado.

A dicha empresa se le encomienda la prestación al Ministerio de Salud de los servicios de hemodiálisis, cardiología clínica, oncología clínica, oftalmología y diagnóstico por imágenes.

Rubén Rivarola, a quien señalan como el principal beneficiado por esta adjudicación, resultó ser una un aliado clave dentro del PJ para que se sancionaran leyes impulsadas por el gobernador Gerardo Morales, como la autorización de endeudamiento en al menos tres oportunidades.

La sumatoria de negocios que le fueron concedidos por el gobierno a las empresas que tienen vínculos con el legislador provincial abarca desde publicidad, limpieza urbana, transporte hasta construcción y ahora salud.

Más allá de la cuestión ética, la maniobra del gobierno fue en contra de dos artículos de la Constitución Nacional:

  • Nº 64, parte del Capítulo IV sobre los “Derechos y deberes de los funcionarios y empleados públicos”

“Queda prohibido a todo agente público recibir directa o indirectamente beneficios originados en contratos, concesiones, franquicias o adjudicaciones, celebrados u otorgados por el Estado. Tampoco podrán prestar servicios remunerados o no, asociarse, administrar, asesorar, patrocinar o representar a personas físicas o jurídicas que gestionen o exploten concesiones o privilegios, o que sean proveedores o contratistas de la administración del Estado”.

  • Nº 107 que habla de las incompatibilidades para los legisladores:

El cargo de diputado es incompatible con: el de legislador nacional, funcionario o empleado público de la Nación, de la Provincia, de los municipios, entidades descentralizadas, sociedades mixtas, empresas públicas, concesionarios de obras y servicios públicos, con excepción de la docencia y de las comisiones honorarias o transitorias, previo consentimiento de la Legislatura.

La Legislatura resolverá por simple mayoría de sus miembros, la cesación por incompatibilidad en razón de la función o empleo público, y con el voto de los dos tercios de ellos, la que correspondiere por inobservancia de los otros supuestos.

Desde el Ministerio de Salud la respuesta no fue nada convincente: “La clínica no es de Rivarola, es de su hijo", sostuvo el titular de la cartera Gustavo Bouhid.

Los retrasos en los pagos del ISJ

A mediados de enero estalló otro problema que ya venía haciendo ruido con anterioridad, prestadores indignados con las demoras en los pagos por parte de la obra social.

La problemática alcanzó su punto más fuerte a mediados de este mes cuando 8 Colegios Profesionales de la salud, que tienen convenios vigentes con la obra social de los estatales, mantuvieron reuniones con el gobierno para buscar una solución a las considerables demoras en el pago de honorarios.

Con un nuevo directorio, el ISJ planteó un cronograma de pagos para cancelar las deudas con cada uno de ellos pero advirtiendo que los retrasos ocurren en el Ministerio de Hacienda, algo que no se explica porque los descuentos a los afiliados, se hacen en forma sistemática y planificada.

Salvo el Colegio Médico, que es el que registra la deuda más importante, los otros prestadores aceptaron la propuesta. El primero rechazó que se pague la mayor parte en 6 cuotas y amenazó con cortar el servicio.

El gobierno recurrió a la lógica del “divide y reinarás” y logró que algunos asociados de la entidad aceptaran el ofrecimiento.

Ahora, ante una nueva propuesta que no cumple con las expectativas, el Colegio Médico debe definir si la medida sigue en pie, afectando a cerca de 190 personas.

Hay, sin embargo, otra cuestión que pendiente: la actualización de honorarios. De eso casi no se habló y supone un nuevo foco de conflicto en el corto plazo.

¿Qué pasó con el centro de rehabilitación en Tilcara?

Madres de chicos con discapacidad denunciaron que el gobierno de la provincia no inició la obra para la construcción del centro de rehabilitación en la ciudad de Tilcara. Aseguran que los fondos llegaron y nadie del gobierno da explicaciones respecto de que ocurrió con los mismos

El proyecto financiado con más de 11 millones de pesos por parte de Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), fue presentado en 2017 y ya tenía que estar inaugurado.

La iniciativa tenía como objetivo atender necesidades de este sector social de alta vulnerabilidad en la localidad minimizando los traslados y las demoras en la atención que ofrece los centros de la capital jujeña.

En la actualidad las tareas de rehabilitación se realizan en el hospital en condiciones que no son las ideales.

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