Noticias de 2020 publicadas en distintos medios informativos provinciales ya se referían a lo que se concretó hoy en la Legislatura: el desafuero de la legisladora Débora Juárez Orieta de Bracamonte.
El mismo fue motivado por los hechos ocurridos en 2012, cuando la diputada fue acusada de venta irregular de lotes en Fraile Pintado, abuso de autoridad, negociaciones incompatibles y amenazas.
Una de las denuncias señalaba, oportunamente, que beneficiarios eran obligados a pagar cuotas por los lotes y a trabajar en la campaña de Juárez Orieta de Bracamonte.
La diputada provincial Cynthia Eunice Alvarado confirmó el desafuero de su par opositora, ocurrido 11 años después de las primeras denuncias, señalando que el pedido, enviado desde la Justicia de Jujuy, se aprobó con 37 votos.
Los legisladores, explicó, no juzgan, sino que responden a la solicitud de la Justicia.
Esta aprobación dio mucho que pensar a distintos sectores de la política jujeña, que se preguntaron por qué las irregularidades cometidas por los legisladores Nasif y Balconte nunca derivaron en el desafuero de estos legisladores.
Alvarado comentó en este sentido que la legisladora Juárez apeló el pedido de desafuero en el ámbito judicial, pero su estrategia fue rechazada y la iniciativa ratificada por el Superior Tribunal de Justicia.
La inocencia o culpabilidad de la diputada cuestionada es algo que se determinará también en el ámbito judicial; “se da por sentado que la justicia tiene las pruebas para elevar (esto) a juicio, por eso se pide el desafuero”, dijo Alvarado, resaltando que la aprobación del desafuero de Juárez Orieta no se concretó porque esta sea opositora ni tiene razones políticas.
