El colectivo de profesionales matriculados acusó que la comisión directiva actual se mantiene en forma ilegítima desde la creación de la entidad, impidiendo la realización de asambleas y rindiendo cuentas de manera opaca.
Una profunda crisis institucional y judicial atraviesa el Colegio de Enfermeros de Jujuy.
A un año y medio de haber iniciado las acciones administrativas y judiciales sin obtener respuestas formales, enfermeros matriculados se autoconvocaron para visibilizar graves denuncias por malversación de fondos, falta de transparencia en los balances, cobros irregulares y la prórroga indefinida de la comisión directiva.
En diálogo con Radio 2, el licenciado Carlos Flores expuso el nivel de desprotección que enfrentan los profesionales de la salud ante lo que consideran un entramado de complicidad política y judicial que atenta contra los derechos establecidos en la Ley Provincial N° 5980, norma impulsada en 2016 que regula el ejercicio de la profesión y creó la institución colegiada.
"Hace un año y medio que venimos peleando con este reclamo y no tenemos escucha del Gobierno ni de la Justicia. Se están vulnerando nuestros derechos. Hemos presentado denuncias formalmente ante el Ministerio de Salud, que es el órgano encargado de velar por el cumplimiento de la ley 5980, pero hacen oídos sordos", denunció.
Según detalló el matriculado, desde la fundación del Colegio de Enfermeros el poder se ha concentrado en la misma comisión directiva —encabezada por la presidenta Natalia Ríos— sin haber convocado a asambleas ordinarias, presentaciones de balances ni al proceso electoral correspondiente de cara al vencimiento de mandato proyectado para 2027.
Entre las irregularidades operativas más severas señaladas por el trabajador de la sanidad, destacan:
"El Colegio se transformó en un ente recaudador que no brinda capacitaciones ni beneficios. No sabemos cuánta plata hay en la entidad ni quiénes son los nuevos directivos. Obligan a cobrar en efectivo para evadir controles y abrieron una cuenta en el Banco Galicia porque la del Banco Macro está denunciada en fiscalía", aseveró Flores.
Los profesionales enfatizaron que la ley provincial exige de manera obligatoria la colegiación para poder ejercer en el sistema de salud público o privado, realizar reemplazos o acceder a cargos laborales. Esta condición de cautiverio administrativo, según denuncian, es utilizada como herramienta de persecución hacia quienes exigen rendición de cuentas.
"Hoy me encuentro sin trabajo porque te hacen persecución por todos lados si reclamás transparencia. Hay más de 1.600 firmas de enfermeros presentadas en Casa de Gobierno, Ministerio de Salud y la Legislatura. Hacemos responsable directamente al Gobierno de turno y a la Justicia de Jujuy por el apañamiento y la complicidad al no hacer cumplir la ley", concluyó.
