Tras el rechazo generalizado de los jujeños, Morales derogó el polémico decreto
En el inicio de esta semana, se hacía público un polémico decreto que el gobierno pretendía imponer “bajo poncho ”.
Se trataba del Decreto N°8464-G/2023 publicado en el boletín oficial del día 9 de junio. En el mismo se señalaban que iban a haber sanciones para quienes obstaculicen la libre circulación vehicular y peatonal, causando temor o limitando el libre ejercicio de derechos. Serán intimados por la policía para desocupar el lugar; de no hacerlo, se los iba a intimar a dispersarse liberando la circulación. Ante una nueva negativa, se iba a dar intervención a la Justicia Penal, que podía iniciar causas de distinto tipo.
Además, se multarían daños materiales. Si el contraventor es funcionario, podía ser inhabilitado por dos años para ejercer su tarea. Si es empleado estatal, podrá ser despedido.
Desde la puesta en conocimiento a la ciudadanía, solo hubo un rechazo generalizado a la decisión gubernamental. Distintos sectores se expresaron en contra manifestando que solo se estaba avanzando y cercenando derechos propios de la democracia.
- Una convencional constituyente opositora se mostró sumamente preocupada manifestando que se trataba de irregularidades constitucionales.
- El abogado Lucio Plaza exponía que la medida tenía “vicios de forma”.
- El dirigente social Carlos “Perro” Santillán manifestaba que con esta iniciativa “Jujuy pasaba a ser un pseudo estado de sitio”.
Estas expresiones se sumaban a las marchas y manifestaciones, principalmente de organizaciones sociales, que se hicieron para dejar en claro el público su repudio.
En este contexto de indignación creciente en el pueblo jujeño, es que Gerardo Morales tuvo que dar marcha atrás a su decisión.
En la conferencia de prensa donde volvía a amenazar a los docentes para que vuelvan a las aulas, declaró: “Me comprometo a derogar ese decreto pero les pudo a os docentes que vuelvan a la escuela”.