Justamente la fiscal Herrera, reconocida militante radical es una de las pocas funcionarias que ha cumplido con el trámite pregonando con el ejemplo al informar su variación anual de ahorros, deudas, inmuebles y rodados entre otros datos de interés ciudadano, aunque entre su personal subalterno solo 3/6 hicieron lo propio. Pero a no anticiparse, todavía hay tiempo para cumplir con la normativa.
El artículo 5° Inc. b) de la Ley de Ética Pública N°5153 establece la presentación en año vencido de la situación patrimonial, siendo el 30/06 del vigente período la última fecha para presentar la información correspondiente al año 2023. Gracias a la resolución N°100 de la OA publicada el 26/06 a solo cuatro días del vencimiento y probablemente advirtiendo la masiva falta de cumplimiento se otorgó una prórroga hasta el 31/08 alcanzando a “Los magistrados y funcionarios del Poder Judicial, del Ministerio Público, Legisladores, funcionarios del Poder Ejecutivo”.
El mismo organismo ya había publicado el 14/06 la resolución N°97 con el mismo espíritu pero alcanzando a “Concejales, Intendentes, Viceintendentes, vocales de Consejos Comunales y todos aquellos que tuvieren a su cargo la administración de fondos públicos”, pero estirando el plazo hasta el 31/10, cuatro meses más que la fecha original.
A través de la información de acceso público en el sistema SIKU se ha logrado determinar que del total de 113 funcionarios reconocidos en el organigrama de gobierno (1ra y 2da línea) solo 22 presentaron la DD.JJ. correspondiente al período 2023, es decir 19,47% de la nómina .
Del total hay 5 funcionarios que llevan 2 o más periodos de retraso:
- Pasin Sebastián - director provincial de Patrimonio
- Ibarra Carlos - director de la Asesoría Técnica y de Gestión
- García Goyena Ana Belén - secretaria de Desarrollo Integral
- Luque Carlos - director provincial de Control Productivo y Comercial
- González René – director provincial de Asociaciones y Fundaciones del Registro Público
Muchos secretarios y directores provinciales cambiaron su cargo tras la asunción de Carlos Sadir, algunos incluso se incorporaron con el correr del año en curso, ellos también se encuentran en falta teniendo en cuenta los incisos a) y c) de la Ley antes mencionada, donde se exige presentar una declaración jurada patrimonial tanto al momento del alta como dentro de los 30 días hábiles posteriores de la cesación.
De no ser por las prórrogas otorgadas, 91 funcionarios de alta jerarquía estarían a punto de entrar en “falta grave”, en caso de no responder la intimación dentro de los siguientes 15 días según considera el artículo 10 de la Ley N°5887 que modificó la Ley de Ética Pública. Sorprende que hasta la fecha de publicación de esta nota, el titular de Infraestructura, Carlos Stanic, es el único ministro que ha presentado su DD.JJ. correspondiente al 2023.
