En el Artículo 64 de la CN, parte del Capítulo IV sobre los “Derechos y deberes de los funcionarios y empleados públicos” explica con claridad por qué no corresponde este proceder:
“Queda prohibido a todo agente público recibir directa o indirectamente beneficios originados en contratos, concesiones, franquicias o adjudicaciones, celebrados u otorgados por el Estado. Tampoco podrán prestar servicios remunerados o no, asociarse, administrar, asesorar, patrocinar o representar a personas físicas o jurídicas que gestionen o exploten concesiones o privilegios, o que sean proveedores o contratistas de la administración del Estado”.
El artículo 107, además, habla de las incompatibilidades para los legisladores y hasta abre la posibilidad de que Rivarola sea echado de la cámara.
- El cargo de diputado es incompatible con: el de legislador nacional, funcionario o empleado público de la Nación, de la Provincia, de los municipios, entidades descentralizadas, sociedades mixtas, empresas públicas, concesionarios de obras y servicios públicos, con excepción de la docencia y de las comisiones honorarias o transitorias, previo consentimiento de la Legislatura.
- La Legislatura resolverá por simple mayoría de sus miembros, la cesación por incompatibilidad en razón de la función o empleo público, y con el voto de los dos tercios de ellos, la que correspondiere por inobservancia de los otros supuestos.
Frente al silencio oficial, hubo pronunciamientos dentro de la propia oposición e inclusive en el PJ, aunque en este último fueron los menos.
Ahora, un ciudadano, Cristian Marcelo Santamans, interpuso una denuncia ante el fiscal Anticorrupción, Joaquín Millón Quintana para que investigue y determine si la conducta desarrollada configura ilícito o violación a alguno de los preceptos constitucionales, deberes de funcionario público, Convención Interamericana contra la Corrupción aprobada por Ley Nacional Nº 24.759 o al régimen de Ética Pública de la provincia.
En diálogo con Radio 2, explicó que en reiteradas oportunidades se le solicitaron explicaciones al Ministerio de Salud pero no hubo respuesta.
La oficina Anticorrupción, consideró, debería haber actuado de oficio.
“No hay que entregarle recursos propios de los hospitales a una empresa privada. ¿Por qué a esta empresa en particular? Que se investigue si hay una irregularidad. El Estado no puede adjudicarse a sí mismo”
Lo cierto es que el historial de desempeño de la Oficina Anticorrupción en casos que vinculados a los intereses del gobierno o a funcionarios del mismo deja mucho que desear.
El organismo creado para recibir, prevenir y denunciar actos de corrupción parece operar de manera selectiva cuando se trata de escándalos puertas adentro.
No son pocos los casos donde su intervención planteó más dudas que otra cosa.
