Desbordado por esta crisis, el gobierno sacó un decreto donde declara la emergencia energética y tarifaria hasta el 31 de diciembre de 2027.
Análisis y cuestionamientos
En el marco de un recorrido por la ciudad de Monterrico, la referente del Movimiento Popular Jujeño, Cristina Guzmán, criticó con dureza el esquema tarifario y la calidad del servicio de energía eléctrica en la provincia de Jujuy.
Sostuvo que, tras los recientes cortes de luz provocados por el viento norte y los marcados incrementos en las facturas, la provincia padece "la energía más cara del país" como consecuencia de acuerdos contractuales opacos sustentados por los organismos de control estatal.
La dirigente puso el foco en las resoluciones de la Superintendencia de Servicios Públicos (SUSEPU) y en el rol de la empresa estatal JEMSE:
- Sobrecostos tarifarios: Denunció que desde 2022 existen acuerdos para adquirir energía a 79 dólares el megavatio, un costo que triplica los valores del mercado distribuidor y que se traslada directamente a las facturas de los usuarios.
- Falta de información en obras: Cuestionó la falta de acceso a la información pública respecto a las centrales de generación de la empresa SECO y los avances en sus obras, señalando que diputados nacionales tampoco lograron acceder a los contratos oficiales.
- Distribución de recursos: Afirmó que parte de las instalaciones energéticas y de potencia (mencionando 6 MW) se destinaron prioritariamente a emprendimientos como Cannava S.E. en la Finca El Pongo, mientras que diversos sectores de los Valles y del interior provincial padecen interrupciones de suministro.
"La SUSEPU, en lugar de proteger a los consumidores, está para tapar. Corten la corrupción y no va a haber más cortes de luz", sentenció Guzmán.
