Desbordado por esta crisis, el gobierno sacó un decreto donde declara la emergencia energética y tarifaria hasta el 31 de diciembre de 2027. El mismo prevé, entre otras cuestiones, extender el plazo de corte por falta de pago a 20 días del vencimiento de la segunda factura, prohibir el retiro de medidores, intereses punitorios y refinanciaciones de deuda.
Cuestionamientos a la disposición
Noemí Isasmendi, diputada provincial justicialista, dialogó con Radio 2 sobre la medida dispuesta por el Ejecutivo. Sostuvo que se trata de "paliativos que no resuelven el tema de fondo", ya que no impactan en el valor real de la tarifa ni garantizan las inversiones requeridas en la red eléctrica.
Asimismo, apuntó directamente contra el rol de la Secretaría de Energía de la provincia como poder concedente: "El oficialismo sigue bloqueando los pedidos de informe en el recinto. Sin embargo, si la empresa no cumple las condiciones contractuales ni realiza las inversiones, el Estado no va a tener otra opción que evaluar la revocación del contrato."
Recordó que desde su espacio presentó hace dos meses un proyecto de Ley de Emergencia Energética orientado a proteger a los sectores más vulnerables (jubilados, electrodependientes y personas con discapacidad) y a adecuar los costos al contexto socioeconómico local. "No podemos estar pagando una de las boletas de luz más caras de la región con un servicio deficiente y una falta clara de inversiones", aseveró la legisladora.
La legisladora confirmó que el bloque opositor continuará impulsando acciones de visibilización y no descarta solicitar formalmente la interpelación de las autoridades del área y de los organismos de control en la Legislatura provincial.
Tarifas sociales que "no llegan a quien las necesita"
Isasmendi señaló que en sus recorridas por localidades del interior como Libertador, Yuto y Santa Clara, constató que la tarifa social promocionada por el Gobierno provincial no alcanza a familias en situación de vulnerabilidad extrema.
Familias y jubilados con el haber mínimo reportan facturas elevadas sin figurar en los padrones de beneficio. La diputada contrapuso la situación económica de la provincia con la producción de energía local, cuestionando el rol de emprendimientos como el parque solar Cauchari, cuya producción se inyecta al sistema nacional para luego recomprarse a costos superiores.
Contratos y facturas
Uno de los puntos más críticos abordados en fue la vinculación contractual entre JEMSE y la empresa SECCO para el abastecimiento mediante energía fotovoltaica a un valor estimado de $79USD por megavatio, costo que se traslada a la factura final de los usuarios. Existen sospechas en el ámbito legislativo de que los usuarios podrían estar financiando proyectos que aún se encuentran en fase de construcción o sin operatividad plena.
Al respecto, Isasmendi denunció graves omisiones en las respuestas oficiales remitidas a la Legislatura: SUSEPU no desglosa contratos específicos ni menciona el costo trasladado de la empresa SECO; y EJESA omite especificar a qué empresas privadas o locales se le compra energía diferencial.
