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Tierras: el desalojo violento que desautorizó a una ministra

"No podemos desalojar comunidades indígenas", había afirmado Natalia Sarapura, titular de Desarrollo Humano, 4 días antes del conflicto en Los Alisos.

  • Conflicto por tierras en Jujuy: la policía desalojó un terreno en Los Alisos.
  • Los ocupantes afirman ser integrantes de la comunidad indígena Tusca Pacha.
  • La ministra de Desarrollo Humano había destacado la prohibición de ese tipo de procedimientos.

El viernes 16 de octubre el gobierno de Jujuy organizó una conferencia de prensa, a cargo de la ministra de Desarrollo Humano Natalia Sarapura, en la que aseguró que el Estado tutelaba los derechos de las comunidades indígenas de Jujuy.

El martes 20, cuatro días después, la policía de la provincia realizó un procedimiento en un terreno de la localidad de Los Alisos para desalojar tierras ocupadas por personas que se identificaron con la comunidad indígena Tusca Pacha, que asegura tener la posesión de los lotes en disputa desde hace 50 años. Hubo resistencia, balas de goma y detenidos.

El episodio dejó expuesta una incongruencia. Durante la convocatoria mencionada, la ministra Sarapura, la secretaria de Asuntos Indígenas Carolina Pérez y la encargada del Registro de Comunidades y Organizaciones Indígenas de la provincia de Jujuy, Beatriz Cruz, habían resaltado que la gestión provincial protegía los derechos de las comunidades, tutelando sus derechos, entre ellos quizás el más reclamado: la posesión de las tierras.

Para ello, el ministerio elaboró un mapa en el que identificó la ubicación de 274 comunidades con personería jurídica y otras 41 que reclaman ese reconocimiento. Según las funcionarias, todas fueron relevadas y visitadas por el gobierno.

el ministerio elaboró un mapa en el que identificó la ubicación de 274 comunidades con personería jurídica y otras 41 que reclaman ese reconocimiento el ministerio elaboró un mapa en el que identificó la ubicación de 274 comunidades con personería jurídica y otras 41 que reclaman ese reconocimiento

“Para nosotros la política pública para pueblos indígenas hace parte (sic) de la agenda pública, de la tarea cotidiana, por eso transversabilizamos (sic) el tema, tiene que ver con la garantía de derechos”, declaró Sarapura.

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Sin embargo, durante el procedimiento que se llevó adelante la mañana del martes 20, los ocupantes de las tierras en un predio de Los Alisos aseguraron estar inscriptos en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas que reconoce la ley nacional 26.160. Esta misma norma prohíbe los desalojos, como señaló la ministra Sarapura durante la conferencia de prensa. Nada de eso, sin embargo, evitó el avance de los efectivos policiales.

“En el país y en la provincia hay comunidades que están en la posesión ancestral de las tierras y un tercero que ostenta títulos de estas tierras, es un conflicto existente en todo el país, (pero) desde 2006 existe una ley que ordena el relevamiento territorial de las comunidades, la 26.160, y por otro lado suspende el desalojo de las comunidades indígenas”, había destacado Sarapura.

El desalojo fue tenso. Allí se hicieron presentes diputados y concejales opositores que dijeron sospechar de la celeridad de la justicia penal provincial en este caso puntual. “Es el avance de un negocio inmobiliario”, escribió en su cuenta de Twitter Natalia Morales, diputada provincial del Frente de Izquierda.

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El gobierno sostiene que el 30% de la población en Jujuy pertenece a comunidades indígenas. El ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Secretaría de Asuntos Indígenas, asegura proteger sus derechos, los que fueron compendiados en una publicación reciente que incluye normas provinciales, nacionales y tratados internacionales.

Ese trabajo, sin embargo, no logró hasta el momento encausar el conflicto que se suscitó en Los Alisos.

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