Ahora, se sumó el malestar por recientes declaraciones del ministro de Infraestructura, Carlos Stanic, que señaló que las regalías mineras “son para las comunidades, para obras y acciones que son beneficiarias”.
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Malestar de comunidades por las regalías mineras
El antropólogo e integrante de la Asamblea de Comunidades Indígenas de Jujuy, Gustavo Ontiveros, dialogó con Radio 2 sobre los dichos del titular de la cartera y lo contradijo de manera contundente.
Desmintió que las regalías lleguen de manera "contundente" o directa a las comunidades y calificó las declaraciones oficiales como “mentiras”.
Los funcionarios muchas veces dicen mentiras como esta y otras peores... jamás han llegado de modo fluido los fondos para que se puedan desarrollar. Los funcionarios muchas veces dicen mentiras como esta y otras peores... jamás han llegado de modo fluido los fondos para que se puedan desarrollar.
Explicó que las regalías ingresan a rentas generales y su destino es decidido arbitrariamente por el gobierno provincial. Según el expuso, el Estado ejerce un "pupilaje" o "encomienda", donde los funcionarios eligen qué obras hacer sin consultar a los beneficiarios.
Además, denunció que no hay rendición de cuentas sobre cuánto dinero ingresa por minería ni en qué se gasta exactamente.
Las regalías ingresan a rentas generales, pero se quedan en el camino; el Estado ejerce un pupilaje sobre los pueblos indígenas. En las comunidades no hay progreso, no hay inversiones, las rutas están un desastre. No pueden hablar de regalías cuando está a la vista que está todo dejado. Las regalías ingresan a rentas generales, pero se quedan en el camino; el Estado ejerce un pupilaje sobre los pueblos indígenas. En las comunidades no hay progreso, no hay inversiones, las rutas están un desastre. No pueden hablar de regalías cuando está a la vista que está todo dejado.
Por otra parte, Ontiveros reiteró que no se cumple con el proceso de consulta, participación y consentimiento previo, libre e informado de las comunidades. Mencionó que se ignora el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional, que debería equiparar en una mesa de diálogo al Estado, las empresas y las comunidades.