Referentes comuneros volvieron a manifestarse en Casa de Gobierno exponiendo su malestar por incumplimientos en la entrega de personerías jurídicas. Tras una reunión con el Fiscal de Estado, advirtieron que existe una denuncia penal por incumplimiento de deberes y apuntaron contra el organismo por "manejos políticos con punteros y mineras".
Comunidades originarias de Jujuy venían exponiendo un serio conflicto con el gobierno, desde hace meses. Se trataba del pedido por avances en la entrega de personería jurídica y de títulos comunitarios.
Luego de incontables reclamos y de una larga espera, a principios de abril se cumplió con la entrega de las personerías jurídicas a los pueblos originarios de Agua Blanca, Soledad, Mal Paso de Humahuaca y la Comunidad de Unión y Fuerza de El Aguilar, Humahuaca.
A pesar de ese avance, todavía hay pueblos indígenas que esperan su personería jurídica.
Este miércoles, un nutrido grupo de miembros de diversas comunidades originarias de la provincia se movilizó a Casa de Gobierno para visibilizar su protesta: denuncian una alarmante e injustificada dilación en la entrega de sus personerías jurídicas, este documento fundamental para el reconocimiento de su identidad y sus derechos territoriales.
La abogada Silvana Llanes habló tras mantener una reunión de urgencia con el Fiscal de Estado, Miguel Ángel Rivas, y explicó que la entrega de la documentación ya tenía fechas confirmadas para esta semana, pero que fueron canceladas bajo el argumento oficial de que faltaban papeles. "Es totalmente falso. En octubre las comunidades ya habían completado la totalidad de los requisitos exigidos, sin que quedara ninguna observación pendiente", remarcó la letrada.
La defensora vinculó directamente este freno administrativo con la salida del exdirector de Relaciones Institucionales, quien oficiaba de "gestor y puente" con las comunidades. "Tras su alejamiento, las gestiones previas están siendo desconocidas. Lejos de acompañar a los pueblos, la Secretaría se ha dedicado a desbaratar los expedientes administrativos" , denunció, añadiendo que se han presentado reiterados pedidos de informe desde mediados del año pasado sin obtener respuesta alguna.
Ante la gravedad de la situación, Llanes confirmó que pesa una denuncia penal formal en contra de las autoridades de la Secretaría de Pueblos Indígenas por los presuntos delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y tráfico de influencias.
Como resultado de la audiencia con Fiscalía de Estado, se labró un acta de carácter urgente que fue girada de inmediato al Ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Normando Álvarez García, de cuya órbita depende la cuestionada Secretaría. "El Fiscal de Estado tomó cartas en el asunto y pidió informes para verificar el estado de las carpetas. Pusimos sobre la mesa que este es un problema netamente político", aseveró la abogada.
