El gobierno recogió el guante, tildando de “sesgado” al trabajo periodístico pero reconociendo la problemática. Sin embargo pateó la pelota haciendo hincapié en qué harían los otros partidos y los gremios docentes en este contexto.
Un docente de Cochinoca se metió en la controversia señalando que toda esta situación lleva a un inconveniente mucho mayor: el desarraigo cultural, es decir despoblar territorios para el avance de la minería.
Comunidades opinaron sobre el cierre de escuelas
Esta última idea fue retomada por Carlos Chuychuy, maestro jubilado y referente de la comunidad de Lumara (Cochinoca), quien también planteó la idea de cierres de establecimientos y una relación directa con el avance de intereses extractivitas.
Expuso que su comunidad perdió su escuela primaria hace más de 15 años "de la noche a la mañana", obligando a los niños a trasladarse a Abra Pampa. Los alumnos fueron reubicados en instituciones educativas a 30 o 40 kilómetros de distancia, lo que rompe el vínculo familiar y comunitario.
También mencionó otros intentos de cierre en estas localidades cercanas a la frontera, los cuales fueron resistidos por las comunidades y el equipo de "defendiendo el territorio".
Para Chuchuy, el cierre de colegios no es una cuestión de falta de alumnos, sino una estrategia política: al quitar la escuela, el puesto de salud y la policía, el Estado empuja a las familias a abandonar el campo. Afirmó que sin gente en las tierras, las empresas mineras tienen "vía libre" para operar, especialmente en lo que respecta al uso del agua de los acuíferos y zonas periglaciales.
Su lema es claro: "Donde hay un alumno, hay un derecho", criticando que el gobierno vea la educación rural como un gasto o un favor, cuando es una obligación constitucional.