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Desde CEDEMS cuestionaron la reciente resolución del Ministerio de Educación sobre el uso de teléfonos móviles en los establecimientos. Marcaron que no hay lineamientos claros y que la medida significa una responsabilidad más para los profesores.

Con 91 expedientes abiertos y 30 menores ya identificados por el Ministerio Público de la Acusación, la Justicia jujeña se encuentra ante un punto de inflexión. ¿Es hora de que los padres asuman el costo operativo de las acciones de sus hijos?

La provincia implementa un esquema de uso regulado de dispositivos móviles en escuelas, en medio de un contexto de amenazas que encendieron las alertas. Relevamiento por los colegios expuso que la resolución del Ministerio no llegó formalmente y que hay ciertas dudas sobre el protocolo.

La situación se registra en la Escuela primaria N°7 “Domingo Faustino Sarmiento” de Tilcara, donde la cooperadora gestionó fondos y logró adquirir materiales para una instalación eléctrica pero la cartera educativa coloca trabas burocráticas.

Desde el Colegio de Psicólogos de la provincia respondieron los dichos de la diputada María Ferrín que insistía en la imposibilidad de tener gabinetes psicopedagógicos en todas las escuelas por falta de profesionales.

El Ministerio Público de la Acusación avanza con allanamientos, secuestro de celulares y audiencias imputativas. Advierten que no se trata de bromas, sino de delitos penales.

Se trata de la Escuela N°465 del barrio Bicentenario, la cual no tiene maestros de lengua asignados desde que comenzaron las clases. La situación afecta a divisiones de sexto y séptimo grado.

Distintas instituciones decidieron llevar adelante acciones ante los mensajes intimidantes que encendieron las alertas. En el caso del “Provi 3” decidieron revisar aula por aula, solicitar a los alumnos acudir sin mochilas y a los que las llevan, se las dejan en resguardo en Secretaría.

Tras una ola de alarmas que paralizó a los establecimientos educativos, el Ministerio Público de la Acusación identificó a los estudiantes que actuaron en San Pedro de Jujuy. Se les imputa el delito de Intimidación Pública, que prevé penas de prisión.

El establecimiento educativo de Libertador Gral. San Martín fue uno de los primeros donde se registraron pintadas intimidantes y se activó el protocolo de seguridad. Su director explicó la medida que adoptaron y cómo seguirán trabajando de manera preventiva.