En la previa de la audiencia judicial prevista para este martes, la abogada Silvina Llanes, representante legal de la querella, ratificó que el Estado provincial incurrió en un "manifiesto incumplimiento" del convenio de reparación integral que vencía en sus plazos originales y acusó al Ejecutivo de actuar con mala fe procesal e impunidad.
En diálogo con Radio 2, explicó que tras la inspección ocular realizada por peritos de parte el pasado 28 de septiembre, quedó al descubierto que las obras en la zona se iniciaron sin la documentación respaldatoria necesaria: "Han realizado una obra sin contar con absolutamente un proyecto de obra final, nunca se ha convocado a nuestros peritos, nunca nos han informado del inicio de obra y no hay un proyecto final que nos dé seguridad", aseveró la letrada.
Irregularidades en las obras e intromisión institucional
La letrada denunció que los informes presentados por el oficialismo ante el sistema judicial federal no coinciden con la realidad observada en el territorio, donde según los reportes técnicos del ingeniero y el arqueólogo de la querella, se registraron nuevos hallazgos sin el resguardo pertinente y se avanzó con movimientos de suelo que ponen en riesgo la estabilidad del terreno y el patrimonio histórico.
Asimismo, Llanes cuestionó duramente la injerencia del gobierno provincial en la vida interna de la comunidad de Caspalá: "En el ínterin hicieron mucho perder tiempo a los efectos de fraguar una presunta elección para cambiar a la presidente de la comunidad de origen, que sea afín al gobierno, a través de la Secretaría de Pueblos Indígenas con constancias firmadas por Mirta Cruz".
El pedido de sanciones
A más de un año de la firma de un acuerdo que buscaba evitar instancias penales directas para los funcionarios involucrados en la usurpación y vulneración de derechos, la querella aseguró que la paciencia y la disposición al diálogo se agotaron ante la falta de respuestas y la continuidad de las afectaciones a los pobladores.
“Nosotros como querella ya estamos un poquito cansados. Nuestra buena fe procesal siempre la hemos puesto, a diferencia del Estado provincial... Hoy nosotros vamos a pedir que se active la acción penal, porque si bien se suscribe este convenio para evitar que se responsabilice a los responsables directos, muestran una impunidad que no vamos a permitir”, sentenció Llanes.
Durante la audiencia ante la Justicia Federal, los peritos técnicos expondrán de manera formal las pruebas reunidas durante la inspección ocular, exigiendo que se apliquen sanciones severas al incumplimiento de las mandas judiciales y se garantice el respeto efectivo a los derechos ancestrales de la comunidad de Caspalá.
