Incluso habían adelantado que irían a la justicia para presentar un recurso de amparo ante la imposibilidad de trabajar. Es que el parate de 8 meses no contempló siquiera habilitaciones parciales cuando la situación epidemiológica era realmente favorable y la provincia no presentaba casos.
Su reclamo recordaba uno que tuvo lugar en el mes de agosto cuando, ni bien terminó el reporte dominical del COE, comerciantes y gastronómicos autoconvocados de Jujuy encabezaron un enérgico bocinazo en inmediaciones de Casa de Gobierno, luego de que el gobierno anunciaba que San Salvador y Palpalá retrocedían a fase 1 por siete días.
Temeroso de quedar desautorizado por los comerciantes, el gobierno autorizó la aplicación de protocolos para que los trabajadores del comercios pudieran retomar la actividad. Esto se comunicó en la mañana siguiente en una improvisada conferencia de prensa. Claramente, la caida de la imagen positiva produucto de las malas deciciones tomadas en el marco de la pandemia no dejaron mucho espacio para enemistades.
“Estamos entre la espada y la pared y no podemos seguir así. Nosotros abrimos. No podemos más, nos estamos fundiendo”, era la declaración que más se repetía en ese bocinazo de domingo que encabezaron los comerciantes jujeños.
La postura adoptada en los últimos días por los dueños de los salones de eventos volvió a poner en duda el poder de mando de Gerardo Morales pero esta vez fueron los empresarios los que evitaron el conflicto y, sin mayores opciones, eligieron cambiar la estrategia y en su lugar se adecuaron a los protocolos que ya estaban autorizados por el COE y que podían adaptarse a actividades que desarrollan estos espacios.
No cabe duda que Morales trascurre su quinto año consecutivo de gobierno con una gestión desgastada por reclamos de diferentes sectores y bajo la permanente amenaza de iniciativas que surgen del propio ahogo económico y financiero, y que generan un efecto contagio capaz de hacer tambalear los cimientos de una frágil estructura.
