Caspalá: más de dos meses de silencio

Este acto no solo lesionó el espíritu federal de nuestra provincia, sino que además humilló a las comunidades de Caspalá, negándoles su cultura ancestral y sus derechos históricos. La justicia federal, tras varias denuncias presentadas por abogadas del fuero local como la doctora Alejandra Cejas y la doctora Silvana Yañez, logró dar un paso fundamental para reparar este daño.

El pasado 20 de noviembre de 2024, la justicia resolvió homologar un acuerdo entre la fiscalía de estado y la unidad fiscal federal correspondiente, en representación de la señora jueza de garantías federal a cargo de juzgado número 2 del Jujuy. Esto representó un importante revés para la postura autoritaria de Morales, ya que significa reconocer que los territorios de Caspalá no son propiedad del gobernador o del Estado, sino de las comunidades originarias que los habitan y preservan.

Además, el gobernador Carlos Sadir firmó un decreto que aprueba este acuerdo de reparación histórica, reconociendo que la justicia afirma que el respeto por los derechos de las comunidades ancestrales es un paso clave en la reconstrucción de un estado más justo y federal.

Frente a estos intentos de apropiación y destrucción cultural. Hoy, la justicia ha dado una señal clara: los territorios y las culturas originarias tienen derechos y deben ser respetados. Porque la historia y la identidad no se negocian, y la justicia siempre debe acompañar en estos temas.

La intervención de la Legislatura provincial, como establece ese decreto, indica que todavía queda un paso importante en el proceso. Según el artículo 145, inciso 37 de la Constitución Provincial, cualquier acto que afecte derechos, territorios o bienes de las comunidades originarias debe ser sancionado y aprobado por la Legislatura.

Esto significa que, aunque la justicia hizo su parte y el decreto del gobernador reconoce la reparación, la legitimidad final dependerá del análisis y la autorización del órgano legislativo. De modo que, el proceso aún no termina y que la protección de los derechos de las comunidades originarias requiere una participaciónactiva del poder legislativo, garantizando que toda decisión respete el marco constitucional y los derechos históricos.

La justicia federal ya dictó una sentencia clara y definitiva en el caso de Caspalá, homologando un acuerdo de reparación histórica el pasado 20 de noviembre de 2024. El decreto del gobernador, firmado en marzo de 2025, reconoce esa reparación y ordena que la intervención de la legislatura provincial sea efectiva, según lo establecido en el artículo 145, inciso 37 de la constitución provincial.

Pero aquí hay un problema: ¡ya han pasado más de dos meses desde ese decreto y, sin embargo, la Legislatura todavía no se ha pronunciado! la demora en ese proceso, en pleno 20 de mayo, es inconcebible nos lleva a preguntarnos: ¿no es esto, en la práctica, una forma de incumplimiento, incluso una actitud de desobediencia a la sentencia judicial? Es una duda que se me plantea.

Es fundamental recordar que las decisiones judiciales, en una democracia, deben ser cumplidas respetando los plazos establecidos.

Esta situación exige una respuesta clara y rápida del poder legislativo. La demora no solo es injusta para las comunidades afectadas, sino que también mina la confianza en nuestro sistema democrático y en los procedimientos que buscan asegurar justicia y respeto por los derechos ancestrales.

En Jujuy la inacción no puede estar por encima de los fallos judiciales ni sobre los derechos históricos de nuestros pueblos originarios. La sociedad no puede seguir siendo espectadora de este retraso que, en definitiva, atenta contra los principios básicos de la democracia y el estado de derecho.