El proyecto fue anunciado hace casi un año por el gobernador Sadir, pero por razones que aún no quedan claras, no avanzó en su momento. La verdad, que resulta complicado entender qué pasó, por qué quedó en la nada, y qué tiene que cambiar para que esto pueda avanzar.
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Autonomía municipal en Jujuy en jaque: el fondo de desarrollo comunal ¿es centralización encubierta?
Se demora en el proyecto de ley de coparticipación provincial. Como bien sabemos, los municipios de nuestra provincia están reclamando con mucha razón mayores fondos para poder llevar adelante los planes de gobierno que los vecinos eligieron y que son fundamentales para el desarrollo de cada distrito.
Ahora, en plena campaña electoral, parece que la idea volvió a la agenda, pero la realidad es que aún no se sabe en qué fase está ni cuándo podría ingresarse formalmente a la Legislatura para ser debatido y analizado en profundidad. La falta de claridad y de respuestas genera preocupación en los municipios debido a lo insostenible de la situación.
¿Se avanzará finalmente en la ley que va a permitir una distribución más justa de los recursos? esa es la gran pregunta. Mientras tanto, los municipios siguen esperando, y la espera conspira contra el desarrollo y la calidad de vida de nuestras comunidades.
El proyecto de ley de coparticipación provincial en Jujuy, parece estar atravesando un momento de incertidumbre y demora. Se habla en los pasillos de la legislatura que todo esto podría haber sido, en realidad, un anuncio de campaña, una estrategia para captar votos o ganar tiempo, sin un compromiso real de avanzar en la aprobación definitiva en el parlamento.
Lo que también se ventila es que hay profundas diferencias y falta de consenso, especialmente con sectores ligados a la gestión anterior, que responden al exgobernador Gerardo morales. Estos sectores, según se dice, aún sostienen un modelo de distribución de recursos que muchos consideran anacrónico y aún más, profundamente desigual: desde hace años se distribuyen los fondos según la 'cara' de cada intendente, en un sistema que favorece a algunos y margina a otros. Un modelo que, en la práctica, subordina a los municipios a las condiciones y gustos del poder central, en lugar de atender las necesidades reales de las comunidades.
Mientras tanto, los pueblos de Jujuy, día a día, ven cómo su situación empeora, cómo la pobreza y la desigualdad aumentan, y cómo los recursos que deberían llegar para mejorar la calidad de vida de sus habitantes no alcanzan a distribuirse de manera justa ni eficiente. La insistencia en mantener un modelo que favorece a unos pocos en lugar de reforzar la autonomía y el crecimiento de los municipios parece estar en el centro del debate, y eso preocupa mucho a quienes entienden que la distribución de recursos debe ser equitativa y transparente.
¿Será esta una simple estrategia electoral, un escenario para seguir postergando cambios necesarios? La verdad, señores, es que el tiempo corre y las necesidades de la gente no esperan. La esperanza está en que en los próximos días, más allá de las disputas de poder, prime una voluntad genuina de avanzar, escuchar y resolver de una vez por todas las cuestiones de la coparticipación en Jujuy, para que los recursos lleguen a quienes más lo necesitan y no a aquellos que quieren mantener una lógica de privilegios.
Resulta que parece más de lo mismo ya que en el proyecto oficial se propone la creación de un fondo de desarrollo comunal, destinado a dotar a los municipios de obras de infraestructura. Pero aquí está lo inquietante: el gobierno provincial retendría el 5% de la coparticipación para ese fondo, en virtud del artículo 103 inciso 4 de la constitución provincial. Es decir que la gestión de los fondos y la ejecución de las obras quedarían en manos del estado provincial, específicamente del ministerio de hacienda y finanzas, que sería la autoridad de aplicación
Además, los municipios tendrían que presentar sus proyectos de obras a ese ministerio para que se analicen, se prioricen y se asignen los fondos. La autoridad de aplicación sería quien determine qué obras son más urgentes o convenientes y quiénes las ejecutarán es decir, también ellos llamaran a licitación a sus amigos? desacreditando el principio de autonomía municipal.
Entonces, nos preguntamos: ¿para qué sancionar una ley si en la práctica el control y decisión sobre la obra pública siguen en manos del Estado provincial? ¿Qué pasa con la autonomía de los municipios y la capacidad que tienen los intendentes de decidir qué obras son prioritarias en su propio distrito?
¿Realmente los intendentes podrán gestionar y decidir en función de las necesidades reales de sus comunidades, o seguirán siendo simples ejecutores de un plan que decide desde arriba, sin conocer ni comprender las urgencias de cada pueblo? lo que se plantea, parece más un control centralizado que una verdadera transferencia de esa competencia y recursos a las autoridades locales.
Estas dudas no son menores. La autonomía municipal es un principio fundamental para una gestión cercana, eficiente y en sintonía con las necesidades específicas de cada comunidad. Cuando se crea un fondo que, en la práctica, es manejado desde una oficina provincial y que requiere que los proyectos sean logrados y priorizados desde ese lugar, se pone en cuestionamiento esa autonomía y el verdadero poder de los intendentes.
En definitiva, la gran pregunta es: ¿para qué sancionar una ley si en los hechos, sigue concentrado el poder de decisión en el gobierno provincial?
Sigue el “gatopardismo” puro: cambiar para que nada cambie.