Si bien el fallo marca un precedente al declarar penalmente responsable a un uniformado por un caso de violencia institucional, la resolución generó un profundo sinsabor en el entorno de la víctima: el tribunal descartó la prisión perpetua y abrió una escala penal mucho menor.
Las claves de un juicio intenso
A lo largo de las audiencias de debate oral y público desarrolladas durante mayo de 2026, el tribunal —presidido por Domingo José Batule, e integrado por María Alejandra Cataldi y Diego Martín Matteucci— escuchó testimonios clave que reconstruyeron la fatídica jornada del 6 de febrero de 2025.
Aquel día, Ivo Torres ingresaba en motocicleta desde Villazón por el paso no habilitado conocido como "Ladrillera" cuando fue perseguido por una patrulla del Escuadrón 21. Durante el debate quedó acreditado que Álvarez desobedeció una orden explícita de no disparar y efectuó detonaciones con su arma reglamentaria, un total de 9, de las cuales dos proyectiles impactaron en la humanidad del joven.
Durante las audiencias, el propio imputado reconoció haber disparado argumentando que intentaba evitar la fuga, y ensayó un pedido de disculpas a los familiares. Cabe recordar que otros tres gendarmes que integraban la patrulla original llegaron sobreseídos a esta instancia, quedando Álvarez como único acusado en el banquillo.
Un tribunal fracturado y el polémico cambio de carátula
El momento de mayor tensión jurídica se vivió al conocerse los fundamentos del veredicto, el cual se dictó en fallo dividido. Las partes acusadoras, compuestas por el fiscal federal Federico Zurueta, la auxiliar Marina Cura y el Sebastián Espada en representación de la querella, habían solicitado la pena máxima en base a la imputación original: "homicidio doblemente agravado por alevosía y por la condición de miembro de una fuerza de seguridad".
Sin embargo, los jueces Batule y Matteucci conformaron la postura mayoritaria que decidió excluir los agravantes, argumentando que no se logró comprobar con certeza durante el debate el abuso de la función policial o la indefensión exigida para la alevosía. De este modo, modificaron drásticamente la calificación legal a homicidio simple con dolo eventual.
La polémica de la deliberación interna quedó expuesta con el voto en disidencia de la jueza María Alejandra Cataldi. La magistrada se plantó en minoría buscando sostener el agravante por la condición de gendarme del acusado, entendiendo que el contexto del operativo oficial y el uso del arma provista por el Estado eran indisociables del crimen cometido.
Sensaciones encontradas: entre el avance y el sinsabor
A las puertas del edificio judicial, el clima reflejó la fractura del fallo. La querella a cargo del letrado Espada, manifestó que el debate dejó sensaciones divididas. Por un lado, existe la certeza de haber dado un paso hacia adelante al romper la impunidad y lograr que el gendarme sea hallado culpable, descartando cualquier justificación de "legítimo proceder".
Por el otro, persiste el sabor amargo de ver cómo se diluyó la pena máxima. Para la familia de Ivo, el desprecio por la vida al disparar por la espalda merecía la reclusión perpetua, y sienten que la justicia técnica recortó la gravedad real de lo sucedido.
Cómo prosigue la causa: la batalla por los años
El proceso judicial ingresa ahora en su etapa de definición inmediata. El próximo miércoles 17 de junio a las 8.30, en el mismo edificio del Poder Judicial Federal, se llevará a cabo la audiencia de cesura para la determinación de la pena.
Con la nueva carátula de homicidio simple, la pena sobre Álvarez podría ir desde los 8 a los 25 años de prisión. Se espera que la fiscalía y la querella utilicen los propios argumentos de la disidencia de la jueza Cataldi para presionar por el techo máximo de 25 años, mientras que la defensa buscará el mínimo legal.
No obstante, este no será el capítulo final. El abogado Carlos Espada ya adelantó que, una vez fijados los años de cárcel, analizarán minuciosamente los fundamentos para apelar ante la Cámara Federal de Casación Penal, con el firme objetivo de revertir la decisión de la mayoría del tribunal y reintegrar los agravantes que devuelvan la posibilidad de la prisión perpetua.
