El sargento primero del Escuadrón 21 “La Quiaca” de la Gendarmería Nacional, Walter Daniel Álvarez, es el único acusado. El hecho ocurrió el 6 de febrero de 2025 en la ciudad fronteriza de La Quiaca.
La Justicia Federal elevó a juicio el caso contra Walter Daniel Álvarez, un suboficial de la Gendarmería Nacional, quien se encuentra acusado de haber ultimado a balazos al joven Ivo Rodrigo Torres en la ciudad de La Quiaca, en febrero del 2025.
Así lo dispuso, el 18 de marzo pasado, el juez federal de Revisión Ernesto Solá. La decisión se dio en el marco de la audiencia de control de la acusación en la que declaró admisible la imputación formulada por el fiscal federal Federico Zurueta, a cargo del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Jujuy. Además, el magistrado resolvió que el debate se realice con un tribunal colegiado, el que ahora deberá ser sorteado.
El miembro de las fuerzas nacionales, se encuentra imputado por el delito de homicidio doblemente agravado por alevosía y por tratarse de un integrante de una fuerza de seguridad, y por el uso de un arma de fuego.
El episodio, vale mencionar, sucedió durante una persecución contra la víctima de 22 años que regresaba de Bolivia con hojas de coca y no quiso detenerse para un control.
En principio, otros tres gendarmes también habían sido apuntados como partícipes del hecho, pero finalmente fueron sobreseídos, quedando un solo integrante de las fuerzas señalado como el único responsable, lo que generó mucho malestar en los familiares de Ivo Torres y en sus allegados.
Abierta la audiencia, el fiscal repasó los hechos ocurridos el 6 de febrero de 2025. Aquel día, Álvarez integraba una patrulla, que estaba a cargo del subalférez Alexander Ezequiel Gunther y se completaba con la cabo Juliana Enciso y el cabo primero Marcos Leonardo Wysniewki.
Los uniformados, se movilizaban en una camioneta Volkswagen Amarok –que pertenece a la fuerza y tenía los gráficos identificatorios— y realizaban tareas de vigilancia en el límite fronterizo, entre la ciudad jujeña de La Quiaca y la localidad boliviana de Villazón.
Explicó que, minutos antes de las 10, a la altura del paso no habilitado denominado “ladrillera”, observaron que un motociclista —identificado luego como Torres— atravesó la frontera de modo ilegal. Al darle la voz de alto, el conductor aceleró la marcha, lo que inició una persecución, que se extendió por tres kilómetros y medio, a partir del paraje “Tres Churquis”, en inmediaciones de las instalaciones de Radio Nacional.
Zurueta señaló que la persecución duró seis minutos hasta que, de pronto, el motociclista cayó al suelo como consecuencia de dos disparos efectuados por Álvarez. Según los informes forenses, uno de los proyectiles ingresó por la espalda y afectó la zona del pulmón derecho, mientras que el otro impacto fue a la altura de la pantorrilla izquierda de Torres.
La cabo Enciso solicitó asistencia al SAME pero, a pesar de los esfuerzos de los paramédicos para salvarle la vida, la víctima falleció a las 10.51, a causa de una fuerte hemorragia que le causó el disparo que recibió en la espalda.
Tras describir el hecho, el fiscal federal se refirió a la investigación penal que determinó la responsabilidad del gendarme. Sostuvo que, si bien al formalizar el caso se imputó el homicidio a los cuatro integrantes de la patrulla, con el correr de la pesquisa, se estableció que los otros tres efectivos eran ajenos al crimen.
En función de ello, el Ministerio Público Fiscal instó los sobreseimientos de la cabo Enciso, el subalférez Gunther y el cabo primero Wysniewki, los cuales fueron resueltos favorablemente el 27 de febrero y el 4 de marzo pasado, por el juez de Garantías N°1 de Jujuy, Eduardo Hansen.
Una de las pruebas que llevaron a la fiscalía a centrar la investigación en torno a Álvarez, surgió del peritaje efectuado sobre las armas de los gendarmes. Los estudios indicaron que los proyectiles que impactaron a Torres fueron efectuados desde una pendiente del terreno en donde finalizó la persecución. Además, uno de los disparos se realizó con la pistola asignada a Álvarez, en cuyo cargador faltaban municiones, a diferencia de lo que sucedía con el armamento de los demás efectivos, quienes tenían sus cargadores completos.
En base a las evidencias recolectadas, y otras de orden documental y oral, el fiscal destacó la hipótesis respecto de la responsabilidad Álvarez en la muerte de Torres, lo que fue respaldado por el abogado Carlos Espada, que representa a la querella.
Por su parte, la defensa del gendarme, a cargo de Ricardo Belbruno, no presentó oposición a la admisibilidad de la acusación y su curso a juicio, aunque indicó que, en el debate, desarrollarán otra teoría exculpatoria del caso.
Luego de discutir sobre las pruebas que presentarían en el juicio, el juez Solá declaró admisible la acusación y dispuso la apertura del proceso a juicio, bajo un tribunal colegiado, que deberá ser sorteado.
