Quienes toman un colectivo todos los días están acostumbrados a que haya un paro por cualquier razón, y que luego de protestas, acusaciones y quejas de todo tipo, el problema se arregle con un incremento del precio del boleto.
El intendente capitalino, Raúl Jorge, tiene la potestad de aumentar la tarifa, con la periodicidad que se considere necesaria.
Los empresarios protestan porque no hay subsidios y no les alcanza para pagar el sueldo de $ 1.000.000 que pretenden los choferes.
La UTA protesta porque el pago de sueldos se atrasa.
La Municipalidad y el gobierno siempre “trabajan” para solucionar el problema.
Y los usuarios, que tanto políticos como empresarios y sindicalistas, juran proteger, son los que terminan pagando las consecuencias, además de los aumentos de precio.
El dirigente de la Coalición Cívica, José María Albizo Cazón, responsabilizó al sindicato por no proteger los intereses de sus afiliados, a la Municipalidad por no cumplir sus obligaciones de control y regulación, y a la UTA por no ser creíbles.
La abogada Alicia Chalabe acusó a la Municipalidad de no hacerse responsable de la situación, ya que “el conflicto no debe pesar sobre las espaldas de los usuarios porque las leyes lo protegen de estas situaciones”.
El edil oficialista, Gastón Millón, deslizó que había llegado un estudio de costos sobre el precio del boleto, que sería puesto a consideración tanto legislativa como por parte de los usuarios, para determinar un nuevo aumento del costo de la tarifa.
Por su parte, el diputado de la izquierda, Gastón Remy, denunció que en ese estudio de costos se plantea que el pasaje pase a costar $ 997, 41, casi los $ 1.000 que muchos vaticinaron y que nadie se a animaba a confirmar, al menos de manera oficial, porque todos los sectores implicados estaban muy preocupados por los usuarios y aseguraban que no podían pagar un boleto de ese precio.
“Es el mundo del revés pero la realidad de un sistema en donde nos dimos con que los concejales recibieron un informe para que se empiece a discutir en comisión llevar el boleto casi a $ 1.000 con costos de julio. Si se agregan los de agosto, se supera esa cifra. La letra chica dice que es para “abordar un salario de $ 1.060.000”. Están diciendo que si se quiere cobrar eso hay que aumentar el precio del boleto sí o sí. La otra trampa es que el informe hace caso omiso de los subsidios: si bien nación dejó de mandarlos a las provincias en enero, la provincia lo hace, y días atrás se supo que son $ 234.000.000, y eso no está n el informe”.
Embed - Con otro aumento, los usuarios pagarán nuevamente la crisis del transporte
