El referente de la Coalición Civica ARI, José María Albizo Cazón, se refirió a la situación responsabilizando a la UTA, las empresas y a la Municipalidad, por no cumplir con sus deberes de protección de trabajadores, control y financiamiento del sistema.
“El primer rehén es el ciudadano de a pie que no puede acceder a sus derechos a la salud, la educación y trabajo. Otro es el chofer, hoy prácticamente no se habla de lo que le pasa. Saben que muchos de sus colegas no tienen ART, aportes previsionales, obra social. Deben manejar unidades que no están aptas para circular, y un material probatorio flagrante es cuando vemos en la calle que, constantemente, los ómnibus se paran a consecuencia de esta condición. Además advertíamos que tienen que tolerar que haya ciertas empresas que contraten o llaman para incorporar de forma irregular a ciertas personas que no son aptas para hallarse frente al volante. Hay personas que salieron a conducir ómnibus con pasajeros sin el carnet habilítante”.
“Otro actor es la UTA. Es un sindicato en el que no se cree, la ciudadanía no cree, no confía, y sus propios trabajadores no confían en ellos, porque el sindicato va por un lado y los trabajadores por otro. Los trabajadores quieren cobrar, tener obra social, ART, aportes provisionales, trabajar dignamente. Sube el precio del boleto constantemente y no hay cambio en las condiciones de trabajo”.
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“El tercer actor es el Estado municipal, cómplice y ausente a nuestro criterio, porque sabe lo que pasa en términos del desfinanciamiento de las empresas de transporte público de pasajeros. Aunque no blanqueen los datos, que deberían hacerlo para que el ciudadano y el trabajador los acompañen, el BEGU preveía un fondo de financiamiento que nunca se cumplió, cuando en su momento hablábamos del impuesto al juego que debería financiarlo. Las empresas de transporte recibieron, del Estado municipal, transferencias por boleto estudiantil primario correspondientes al 19% del 100%, un desfinanciamiento del 80%. En cuanto al boleto estudiantil secundario y terciario hablamos de desfinanciamiento del 70%, porque se transfería, de parte de la Municipalidad a las empresas, 29.5%. El municipio sabe que desfinanció durante meses a las empresas de transporte”.
“El cuarto actor son las empresas, las mismas que hoy no blanquean datos y deberían hacerlo, para que el ciudadano lo acompañe. Todos sabemos que deben tener rentabilidad, que para sostener un micro emprendimiento o empresa se necesita tener estabilidad económica que propicie poder tener la capacidad de reponer mercadería y tener un remanente de ganancia, además de lo que representará el costo de producción o el que se destinará a pago de mano de trabajo. Recibieron subsidios durante años y los colectivos van hacinados, se sobrecargan las unidades porque se sobrepasa la cantidad de personas que deberían ir sentadas”.
