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El FMI, el iceberg y el Titanic: todo en manos de una decisión de Estado

El 20 de marzo el país debería pagar unos US$4.050 millones correspondientes al primer pago de capitales del Stand By firmado en 2018. Ese dinero es imposible de conseguir, con lo que esa fecha es la límite para cerrar una acuerdo con el organismo.

Frente a la economía argentina hay un iceberg. Enorme, visible y sin posibilidades de deshielo. Y hay una fecha concreta de colisión si no se corrige el rumbo. El 20 de marzo de 2022, vencen los US$4.050 millones que el país le debe liquidar al Fondo Monetario Internacional (FMI), del primer pago correspondiente al Stand By firmado por el Gobierno de Mauricio Macri en 2018. Y si no se paga ese dinero en tiempo y forma, sin excepciones, Argentina caerá en default. Pero no sólo con el organismo que maneja Kristalina Georgieva, sino también con el Banco Mundial y el Club de Paris; y con todo el mundo financiero civilizado. Argentina quedará en los anaqueles como país paria. Pero no sólo el sector público. Ninguna empresa privada podrá conseguir financiamiento para grandes inversiones locales, y será difícil lograr prefinanciamiento para exportaciones.

En síntesis, sin acuerdo con el FMI, todo lo que vendrá después del vencimiento del 20 de marzo, serán tempestades. Hay una buena noticia. Hay aún tiempo para negociar un acuerdo que sea provechoso para las dos partes y cerrar el capítulo, antes de febrero del próximo año. En síntesis, Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y el resto de la coalición gobernante deberán tomar una decisión de Estado. O son los conductores del Titanic que embestirá con exactitud cronológica el 20 de marzo contra el iceberg del default, o logran torcer el rumbo de la nave hacia otros horizontes. Nadie dice que este sea fructífero y que implique un inevitable crecimiento para la economía argentina. Pero al menos le dará la oportunidad. Las consecuencias del default siempre serán más negativas que las de cerrar un Facilidades Extendidas.

Por lo que se sabe y conoce, el oficialismo liberaría el acuerdo sólo con una concesión importante desde el FMI. Alberto Fernández aspira a lograr en diciembre que el board del organismo apruebe la reducción de intereses del Facilidades Extendidas; para que, al menos, haya un logro mostrable en las negociaciones; dado que las otras alternativas que reclamó el kirchnerismo (acuerdo a 10 años, sin inspecciones de los técnicos del Fondo y sin reclamos de equilibrios fiscales) son ya imposibles de conseguir.

No sería poco igualmente conseguir la reducción de las tasas. El ahorro que implicaría para el país en los 10 años (más es imposible) que duraría el acuerdo que se firme con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sería de unos US$1.000 millones anuales; o, lo que es lo mismo, unos 10.000 millones de dólares en el total del período establecido. Pero, como se trata de intereses y no de capital, ese dinero debería ser liquidado todos los años que dure el acuerdo; comenzando por el semestre posterior a la firma del Facilidades Extendidas. Por ejemplo, si Argentina lo firmara en el primer trimestre del 2022, el primer pago de esos 1.000 millones de dólares debería ejecutarse antes que termine el mismo año.

En términos porcentuales, la reducción de los intereses que reclama el Gobierno argentino implica que el costo del plan de pagos a 10 años que se cerraría con el FMI, pase del 4,05% que se le cobra a los países que no cumplen en tiempo y forma con las normas dispuestas; a un 1,05% máximo que es el costo para los estados que tienen buenas conductas. Como Argentina incumplió de manera doble (no logró completar el programa del Stand By vigente firmado en 2018 y tomó dinero por encima de lo que podía); para el staff del FMI no caben dudas: debe pagar el 4,05%. Lo que reclaman Alberto Fernández, Martín Guzmán y el resto de los negociadores argentinos, es que esos "sobrecargos" no se le apliquen al Facilidades Extendidas que se negocia; dado que fue el propio Fondo el que debe hacerse responsable en haber habilitado un préstamo por más de US$57.100 millones, de los que se hicieron efectivos unos 44.700 millones de dólares; sabiendo que Argentina era un Estado que no podría haber recibido semejante cantidad de dinero. La tesis que el presidente y su ministro de Economía están paseando por el mundo, es que la rebaja de la tasas de interés debe ser el precio conjunto que los dos actores de esta historia (Argentina y el organismo financiero), deben pagar por el muy irregular Stand By firmado en 2018.

El 1,05% es la la tasa mínima que aplica el FMI; y que, a según su mirada, muestran al mundo planes financieros, monetarios y macroeconómicos sustentables. Obviamente Argentina en su rol de moroso recurrente está excluida del beneficio, y la intención de Guzmán es lograr la masa crítica para que se apruebe aplicar al futuro acuerdo que negocia el país las tasa para los estados que tienen las cuentas en orden. El cálculo que deberá hacerse para mensurar lo importante que sería reducir las tasas de interés es el siguiente.

El FMI le cobra al país por el Stand By firmado por el Gobierno de Mauricio Macri en 2018 un 2,05% más dos puntos porcentuales extra por el exceso de dinero otorgado por superar el límite autorizado por la cuota que le correspondería. Esto fue negociado en el primer semestre de ese año por el Ministerio de Economía que manejaba Nicolás Dujovne, y renovado cuando se extendió el acuerdo en julio de 2018. Al no poder cumplir el país el primer Stand By firmado, y necesitar una renegociación de plazos y montos a otorgar, llegando al préstamo récord del organismo financiero internacional, la entonces titular Christine Lagarde negoció llevar el crédito a unos US$57.100 millones de los cuales se entregaron US$44.700 millones hasta julio de 2019.

En total el Stand By le costaba al país un tasa del 3,05% anual. Sin embargo, al no poder cumplir en tiempo y forma, automáticamente el FMI debe cobrar una tasa del 4,05% por los US$44.700 millones que debe renegociar en un Facilidades Extendidas. Simbólicamente es igualmente un número infinitamente inferior al casi 20% anual que la Argentina debería pagarle a cualquier inversor privado que quisiera comprar deuda soberana emitida por el país, según el sobrecosto que tiene un estado con un riesgo superior a los 4.600 puntos básicos.

FUENTE: MDZ

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