La secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades, Andrea Batalla, dialogó con Radio 2 y detalló los ejes principales de un encuentro con legisladores donde se expusieron las múltiples dificultades cotidianas que enfrentan las trabajadoras estatales para acceder a derechos consagrados por ley.
Obstáculos en licencias especiales y denuncias por violencia
Durante la reunión, desde el gremio remarcaron que, si bien la provincia cuenta con legislaciones de vanguardia conquistadas entre 2020 y 2021 —como la licencia especial por violencia de género amparada en la "Ley Iara"—, en la práctica diaria las trabajadoras chocan sistemáticamente con la burocracia y el desconocimiento de las áreas de Recursos Humanos.
Según explicó Batalla, muchas empleadas deben "peregrinar" con la normativa impresa en mano para lograr que se reconozca un derecho que no sólo contempla días de resguardo para realizar denuncias, sino que funciona como una herramienta institucional para detectar situaciones de violencia doméstica o laboral y activar protocolos de asistencia estatal.
"Las trabajadoras tienen que peregrinar con la ley en mano impresa para que en las oficinas de recursos humanos les puedan otorgar esta licencia que tiene la virtud de no solo permitir contar con días para iniciar las denuncias, sino para que el Estado detecte desde los lugares de trabajo qué le está pasando a esa trabajadora", señaló la referente gremial.
Asimismo, advirto+p sobre los vacíos e interpretaciones erróneas que impiden el otorgamiento fluido de licencias por maternidad, lactancia y la crítica situación generada por la escasez de profesionales en áreas sensibles como salud y desarrollo humano.
Hacia una agenda integral de cuidados
Otro de los puntos centrales presentados ante la comisión legislativa fue la necesidad de construir una política pública de cuidados, entendidos como un derecho humano fundamental según los estándares internacionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Desde APUAP remarcaron que la distribución de las tareas de cuidado recae desproporcionadamente sobre las mujeres, generando fuertes tensiones entre las rígidas jornadas laborales estatales y las demandas familiares, especialmente durante los períodos de adaptación escolar o frente al cuidado de personas con discapacidad.
"Existía en la provincia hace muchísimos años una franquicia horaria que reducía en una hora la jornada laboral de trabajadoras o trabajadores que tengan un niño o niña con alguna discapacidad. Eso dejó de estar vigente y nosotras sí pedimos que se incluya, porque también es una doble presión sobre esas mujeres", enfatizó Batalla.