Se retomaron las negociaciones salariales y desde CEDEMS expusieron la oferta recibida, expresando disconformidad por el porcentaje y cuestionando la ausencia de los ministros de Hacienda y de Educación.
El conflicto salarial en la provincia sumó un nuevo capítulo tras la reapertura de paritarias del gobierno con los gremios, este martes.
En el encuentro mantenido entre los representantes del CEDEMS y funcionarios del Ejecutivo provincial, el Ejecutivo formalizó un ofrecimiento de incremento salarial del 5% fraccionado en tres tramos escalonados, una propuesta que fue recibida con fuertes reparos por parte de la conducción sindical.
De acuerdo con el detalle expuesto por el gremio, la pauta oficial proyectaba llevar el salario de inicio de $990.000 a $1.010.000 en una primera etapa, para luego escalar a $1.030.000 y alcanzar los $1.070.000 en el tramo final.
Sin embargo, desde el sector docente advirtieron que realizarán una evaluación minuciosa sobre el impacto real de estos aumentos en la totalidad de la liquidación y los diferentes ítems remunerativos y no remunerativos.
Uno de los puntos de mayor tensión durante las negociaciones giró en torno a la retención de haberes aplicada por los días de huelga: "El tema estuvo con el descuento de los días de huelga, que eso hemos exigido devolución. Nos dijeron que no, que eso estaba difícil, pero sí que había aumentos que estaban desproporcionados, desajustados, que consideramos arbitrarios, y que los iban a revaluar", expresó la secretaria general, Mercedes Sosa a JujuyalMomento.
Los gremios docentes presentaron luego una contrapropuesta del 6% que, finalmente, fue aceptada por el gobierno.
A pesar del compromiso asumido por el Ejecutivo provincial de equiparar de forma progresiva los ingresos estatales con el costo de vida, la brecha salarial en Jujuy continúa siendo insostenible. Aunque el Gobierno fijó un salario mínimo garantizado de $1.000.000, este piso ubica a los trabajadores $182.464 por debajo de los $1.182.464 que exige la Canasta Básica Total (CBT) medida por la DIPEC para no caer en la pobreza. La situación resulta aún más crítica al contrastar el haber mínimo con las estimaciones de sindicatos como ATE y SEOM, cuyos relevamientos integran alquileres y servicios no contemplados plenamente por la medición oficial; bajo este cálculo, el costo real de vida escala a una franja de entre $1,5 y $1,6 millones, consolidando una distancia de $500.000 que expone el marcado desfasaje entre el discurso oficial y el bolsillo de los empleados públicos.
La reunión también estuvo marcada por la ausencia de los ministros de Educación y de Hacienda, lo que generó malestar en la representación sindical al ser recibidos exclusivamente por funcionarios de segunda línea.
Según explicaron desde la comitiva oficial, las limitaciones presupuestarias responden a que la provincia se encuentra destinando los fondos de la coparticipación federal casi en su totalidad al sostenimiento del pago de salarios.
