En diálogo con Radio 2, la letrada denunció que el Consejo Provincial de la Mujer registra serias demoras y falta de capacidad de respuesta ante la constante demanda de mujeres que acuden a solicitar medidas cautelares y patrocinio jurídico gratuito en contextos de vulnerabilidad.
"Tres veces fue a buscar ayuda y le dijeron que no tenían tiempo"
Vargas ejemplificó la saturación institucional relatando un caso reciente de derivación profesional que evidencia el desbordamiento de las dependencias estatales: "Derivo muchas mujeres al Consejo Provincial porque implica una atención gratuita para lograr las medidas de protección necesarias. Pero últimamente tenemos una situación compleja: atendí a una cliente que fue citada tres veces al Consejo y las tres veces le dijeron que no tenían tiempo porque tenían mucho trabajo. Tres veces fue sin respuesta a buscar algo tan elemental como interponer una demanda o lograr una orden de restricción".
En ese sentido, remarcó que la problemática de fondo radica en la falta de inversión gubernamental para ampliar las plantas profesionales en puntos estratégicos de la provincia: "El presupuesto no lo estamos viendo en lo más imprescindible, que son los recursos humanos. Necesitamos equipos interdisciplinarios que estén en lugares clave y puedan resolver. Si no dan abasto, es porque estamos funcionando con menos presupuesto del que realmente se necesita para la emergencia".
El impacto de los discursos misóginos y la vigencia de la Ley Iara
La referente de la organización feminista encuadró el incremento de las agresiones físicas y las tentativas de femicidio en la proliferación de discursos de odio a nivel nacional y provincial, los cuales terminan legitimando la violencia machista: "Estamos en una situación de emergencia; por algo se aprobó la Ley Iara y se renueva su vigencia. Hoy tenemos tentativas brutales de femicidio. Hay un empoderamiento de varones machistas alimentado por discursos misóginos... Cuando referentes políticos locales o nacionales dicen barbaridades, se naturaliza la violencia y se limita el ejercicio de los derechos de las mujeres a vivir una vida libre de agresiones".
Paralelamente, la abogada recordó las trágicas consecuencias de la negligencia estatal citando antecedentes como el femicidio de Nahir Mamani: "Una mujer no puede irse del Consejo de la Mujer sin ser atendida o sin que se haya iniciado un trámite. El Estado tiene una responsabilidad concreta. Ya vimos lo que pasó con Nahir Mamani, quien pidió ayuda, el Estado supo de su situación y a pesar de eso fue asesinada porque los organismos no hicieron lo que correspondía", advirtió.
