Violencia de género, datos alarmantes y el rol del Estado
Con el contexto planteado, Radio 2 dialogó con la diputada provincial del Frente de Izquierda, Natalia Morales, quien además es presidente de la Comisión de Género de la Legislatura de Jujuy y referente de la organización Pan y Rosas.
Embed - "Miseria y tomada de pelo": critican el presupuesto para políticas de Género en Jujuy
Sobre la nueva marcha del #3J, dijo que confían en "su propia fuerza" y en la organización independiente de los feminismos frente a la reacción de los distintos gobiernos, invitando a la comunidad a marchar para poner un freno a los femicidios y crímenes de odio.
La legisladora citó datos del Observatorio Lucía Pérez, señalando que en lo que va del año 2026 ya se han registrado 25 femicidios y travesticidios, sumados a casi 100 tentativas de femicidio a nivel nacional. Remarcó que la provincia lamentablemente continúa encabezando de manera histórica los primeros lugares en los índices de femicidios por habitante del país.
Morales denunció que detrás de cada femicidio existe una "responsabilidad táctica e institucional" del Estado por la inacción de la justicia, las fuerzas de seguridad y la falta de aplicación de normativas como la Ley Micaela. En tal sentido, repudió que el presidente Javier Milei replicara una fake news (a través de un medio digital) para atacar a Miriam Bregman en un momento de profunda consternación popular.
Respecto a la comparecencia de la presidente del Consejo Provincial de la Mujer en la Legislatura para informar sobre la aplicación de la Ley Iara, Morales fue tajante y calificó los recursos asignados en Jujuy como "una miseria y una tomada de pelo" para la gravedad de la problemática. Señaló que contar con solo 25 equipos interdisciplinarios y 75 profesionales es totalmente deficitario.
Denunció que el subsidio económico que otorga el Estado provincial a una víctima de violencia de género para salir de su hogar es de $200.000 por única vez, considerándolo una "migaja" que perpetúa la vulnerabilidad económica de las mujeres.
Mencionó la falta de gabinetes y equipos interdisciplinarios en las escuelas, sumado a la precarización laboral de los docentes (quienes deben sostener múltiples empleos), lo que destruye el entramado estatal básico necesario para la detección temprana de situaciones de violencia en jóvenes y niñas.
