Su discurso parece insinuar que la clave para avanzar en educación es simplemente gastar más dinero del Estado, pero al mismo tiempo deja o da a entender una visión que puede ser peligrosa si se toma al pie de la letra: que las mejoras educativas dependen, casi exclusivamente, de recursos públicos y de programas puntuales. En su razonamiento hay un componente que podría considerarse tentativo de simplificación, porque la educación no se reduce a financiar infraestructuras o a subsidios puntuales: también está ligada a la calidad de la enseñanza, a la formación docente, a las condiciones de trabajo y a la gestión escolar.
Política |
Una campaña sin entusiasmo y un Estado sin gestión
La candidata a diputada nacional por Jujuy, María Zigarán, destacó las inversiones en educación, argumentando que todo se debe a un programa nacional llamado PROMACE que, dicho sea de paso, es un programa nacional no del gobierno de Jujuy.
Zigarán afirma que ya habló de una revolución educativa en Jujuy con el boleto gratuito, un beneficio que, si bien es bienvenido para facilitar la movilidad de estudiantes, no se puede presentar como una solución total a los retos educativos. El boleto gratuito, por más útil que sea, no garantiza por sí solo mejoras en el aprendizaje ni en los resultados académicos; requiere una red de apoyo, una planificación logística, y recursos para que su implementación no afecte el financiamiento a las empresas de transporte.
Más allá de presentar inversiones como solución el verdadero cambio educativo pasa por incorporar a los docentes en condiciones laborales deberían liberarlos de tareas administrativas y de cargas relacionadas con la salud mental de alumnos y familias.
Aquí hay una cuestión clave: hay que jerarquizar la tarea del docente para concentrar la enseñanza en la didáctica pura. Hasta ahora hay un intento de externalizar responsabilidades que, en realidad, deberían ser parte del funcionamiento escolar integral.
Las tareas administrativas, de salud mental y de apoyo educativo forman parte del ecosistema escolar y su adecuada gestión no debería recaer solamente sobre los docentes; requiere apalancamiento institucional, capacitación, recursos humanos y apoyo interdisciplinario en consecuencia, un enfoque que promueva que la inversión en educación es lo único necesario para mejorarla corre el riesgo de ignorar la necesidad de políticas integrales: inversión en salarios dignos para docentes, condiciones de trabajo que valoren su labor, fortalecimiento de servicios de apoyo en las escuelas, inversión en salud mental para estudiantes y familias, y una gestión educativa que sitúe al estudiante en el centro sin desatender a los docentes y al personal de apoyo.
En síntesis, las declaraciones de Zigarán destacan la relevancia de la inversión educativa y mencionan programas como PROMACE y experiencias como el boleto gratuito, pero para convertir esas declaraciones en resultados tangibles es crucial diferenciar entre gasto y política educativa, evaluar de forma clara qué impactos tienen estos programas en el aprendizaje, garantizar condiciones laborales adecuadas para los docentes, evitar convertir la salud mental de la comunidad educativa en una carga exclusiva de los docentes y diseñar una estrategia que integre financiamiento, gestión, apoyo psicosocial y participación de la comunidad para construir una educación más equitativa y efectiva.
Zigarán dice que hay que fortalecer el Estado presente en toda la provincia pero el Estado que ella administra está al borde del abandono y se ve en la violencia contra comunidades originarias, en la usurpación de tierras y en causas falsas; si se presenta como defensora de la democracia hay que exigirle pruebas claras y respuestas concretas porque no alcanza con promesas cuando la vida de las comunidades está en juego. Es inaceptable que se quiera presentar una gestión que no abandona a la gente como ejemplo de orden cuando los hechos muestran represión, falta de rendición de cuentas y una gestión que no protege derechos; fortalecer el estado debe ir acompañado de investigaciones independientes, reparación real y restitución de tierras cuando corresponda; de lo contrario el discurso es una estrategia para encubrir fallas y convertir al gobierno en un feudo para ganar votos.
Para que Jujuy y la opinión pública confíen se necesitan explicaciones claras sobre qué abusos se han cometido, qué medidas de reparación hay, plazos y presupuesto, y quiénes serán los responsables de cumplir; se exige transparencia en contrataciones, participación de las comunidades afectadas y mecanismos reales de rendición de cuentas para que no haya impunidad; en síntesis, el discurso es hipócrita y miente si no va acompañado de pruebas, reparaciones y límites al poder para una democracia que realmente respete derechos y derechos colectivos…punto
Siguiendo con la campaña, habló Rivarola y dijo que hay que fortalecer nuestros valores. Pregunto: ¿los valores de quién? Serán los valores del señor Rivarola que están flojos de papeles…
Dice este sujeto que el bienestar del otro es prioritario. Habla de justicia social manifestada en salarios dignos mejoras en educación y en salud pública…pregunto: ¿porque no lo hizo todos estos años? No lo hizo porque priorizó su bienestar gracias a su sociedad con Gerardo Morales que desnaturalizó totalmente la democracia en Jujuy provocando un daño irreparable.
Además este hombre habla de lealtad al pueblo que se traduce en honestidad en la gestión evitando doble discurso o complicidades que traiciones el sentir popular. La pregunta es si este señor tiene idea de lo que dice: habla de lealtad al pueblo cuando lo ha traicionado asociándose a Gerardo Morales y siendo cómplice de todos los padecimientos que vive el pueblo en Jujuy.
Sin salarios dignos, sin luz, sin agua sin calles decentes con médicos que abandonan la provincia con la droga instalada en todo el territorio con docentes deprimidos de que lealtad habla este señor. Rivarola, usted habla de la capacidad de resurgimiento del Peronismo, eso va a suceder cuando usted se vaya a su casa. No sé si se entiende el mensaje.
Sadir no es candidato y aparece en medio de la foto de sus candidatos a diputados nacionales, pero la verdad que emerge es que los tres son funcionarios en actividad y eso abre la cuestión ética de si deberían renunciar o pedir licencia sin sueldo para no anteponer su puesto actual a la campaña, teniendo en cuenta los gravísimos problemas a solucionar en la provincia como cortes de energía, incendios, y en caso del gobernador dejar de perder tiempo y resolver cuestiones de gestión. Además, la presencia del gobernador en la imagen publicitaria en medio de los candidatos como si fuera el jefe cuando todos sabemos que los candidatos le atienden el teléfono solo a su jefe político real, Gerardo Morales, plantea dudas sobre el rol real de Sadir en este escenario; ¿Qué pasa con la transparencia y la separación entre funciones? ¿Sadir tiene autonomía real para definir mensajes y prioridades o actúa como mero interlocutor de Morales?
Desde el punto de vista de la ética y la percepción pública, este tipo de imágenes genera sospechas de que hay una continuidad entre la campaña y la estructura de gobierno, lo que erosiona la confianza y alimenta la sensación de que los puestos técnicos se utilizan con fines políticos y esto explica el abandono de la gestión.
En resumen, es imprescindible una explicación clara sobre su rol, su grado de autonomía y la gobernanza de la campaña para que el electorado entienda si hay una separación real entre administración y campaña o si estamos ante una operación política coordinada que favorece a Morales a través de Sadir y su equipo.