El punto de partida es el proyecto GIRSU, ese plan integral de gestión de residuos que prometía terminar con los basurales a cielo abierto. El respaldo llegó de la mano del Banco Europeo de Inversiones (BEI), que otorgó créditos millonarios con aval nacional para la construcción del Centro Ambiental Jujuy y la compra de maquinaria que hoy, en gran parte, no se ve operativa en los municipios.
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Sin rendir cuentas sobre la herencia de Zigarán, el plan a 25 años será un fracaso
Ahora el Ministerio de Ambiente lanza un plan ambiental a veinticinco años. Pero antes de hablar del futuro, es necesario revisar la gestión pasada, marcada por la conducción de María Inés Zigarán.
No fue el único financiamiento. Jujuy Verde también captó fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica y otros organismos multilaterales. Así, la provincia pasó de solicitar recursos para emergencias a endeudarse para infraestructura de largo plazo.
Pero hablar de deuda en dólares siempre obliga a una pregunta clave: ¿cómo se rinden esas cuentas y qué beneficios reales llegaron a los barrios?
El contrato con el BEI, firmado en 2018, implicó un préstamo de 42,2 millones de euros, luego ampliado hasta rondar los 45 millones de dólares para el GIRSU. A eso se sumó una donación no reembolsable de 11,3 millones de euros de la Unión Europea, a través del programa LAIF.
Estos créditos tienen plazos largos, de hasta 15 o 20 años, con períodos de gracia. Hasta fines de 2023 se había desembolsado alrededor del 61% de los fondos. También hubo aportes del BID por unos 14 millones de euros. En total, una ingeniería financiera compleja que compromete recursos provinciales por décadas.
Sin embargo, una cosa son los papeles y otra muy distinta la realidad. Basta recorrer rutas o barrios para ver que la basura sigue siendo parte del paisaje. La ejecución en territorio avanza con lentitud y grandes falencias.
Mientras en los informes se habla de centros ambientales de última generación, en el ramal o la quebrada muchos municipios siguen sin lugares adecuados para la disposición final, alimentando basurales que deberían haber desaparecido. La brecha entre el “Jujuy Verde” de los folletos y la realidad es evidente.
A esto se suma el problema del mantenimiento: comprar maquinaria es más sencillo que sostenerla. Sin presupuesto para combustible ni logística eficiente, el sistema se resiente y la basura vuelve a las banquinas.
La indignación social crece porque la deuda está, pero los resultados no. Se pagan compromisos a largo plazo mientras el problema ambiental sigue sin resolverse.
En este contexto, el nuevo plan a 25 años aparece más como una promesa que como una solución. Sin rendición de cuentas sobre lo hecho, proyectar hacia el futuro pierde credibilidad.
Antes de hablar de 2050, el actual ministro, Leandro Álvarez, debería explicar qué pasó con los fondos, cuál es el estado real del sistema y por qué, después de una década de inversiones millonarias, los basurales siguen siendo parte de la vida cotidiana.
Sin esa explicación, cualquier plan estratégico corre el riesgo de convertirse en una nueva promesa incumplida. Porque no se puede construir futuro sin hacerse cargo del pasado.