El juez de Control, Gustavo Ortiz, hizo lugar al pedido de la defensa y frenó el inicio del debate oral por el caso de grooming y corrupción de menores. La medida se da en medio de denuncias que involucran a un senador y al ex procurador Lello Sánchez por supuestas maniobras irregulares.
En una decisión que genera fuerte repercusión en la provincia, la Justicia resolvió suspender el juicio oral en la causa que involucra a Facundo Pederiva, denunciado por grooming y corrupción de menores, tras un planteo realizado por su defensa.
El abogado Julián Martín Palmieri confirmó que el pedido fue aceptado por el juez de control Gustavo Ortiz, quien resolvió frenar el inicio del debate —previsto para este jueves— hasta tanto se analicen nuevas denuncias que podrían impactar directamente en el expediente.
Según explicó el letrado, la solicitud se basó en la existencia de un “sinnúmero de denuncias” contra el senador Ezequiel Atauche y el exprocurador Sergio Lello Sánchez, quienes habrían tenido participación en un presunto armado de causas y maniobras de corrupción.
“Se presentaron pruebas, entre ellas chats, que evidenciarían cómo se manipulaban causas de manera ilegal”, sostuvo Palmieri, quien además remarcó que estas situaciones “afectan directamente la validez del proceso”.
El magistrado interviniente resolvió avanzar con la suspensión del juicio hasta que se determine el curso de las denuncias paralelas, en una medida que, según la defensa, busca garantizar transparencia y debido proceso.
Desde el entorno de Pederiva indicaron que la causa estuvo marcada por situaciones “gravísimas”, incluyendo detención y consecuencias personales y familiares, por lo que consideran clave que se investigue a fondo el origen del expediente.
En ese sentido, el abogado aseguró que continuarán impulsando acciones para que tanto Atauche como Lello Sánchez sean imputados, e incluso señaló que en su momento solicitaron la detención de los mencionados.
Por otra parte, Palmieri reconoció que existe cierta lentitud en el avance de las investigaciones, en medio de un proceso donde aún se debe definir la competencia judicial —si corresponde al fuero federal o provincial—.
No obstante, manifestó confianza en las actuales autoridades judiciales y sostuvo que esperan que las causas avancen hacia una instancia donde se determinen responsabilidades penales.
El caso suma tensión institucional y abre interrogantes sobre el funcionamiento del sistema judicial en la provincia, en medio de denuncias por presuntas irregularidades en la tramitación de expedientes.
