Su objetivo es sancionar conductas que afectan el orden público, la salud, la seguridad o la convivencia ciudadana, pero de manera ágil y efectiva, evitando la judicialización excesiva. Además, buscan promover la responsabilidad y la reparación del daño, contribuyendo a la ordenación social y a la desjudicialización del sistema de justicia.
Política |
Tribunales contravencionales: ¿otra caja del Estado?
Los tribunales contravencionales tienen como función principal la de atender y resolver infracciones o contravenciones leves, que generalmente no ameritan un proceso penal formal. Su rol es garantizar la convivencia social y el cumplimiento de normas, a través de procedimientos simplificados y con enfoques restaurativos o correctivos, en lugar de punitivos.
Estos tribunales cumplen una función clave en la administración de justicia a nivel local. ¿Su tarea principal? resolver infracciones leves, como molestias públicas, ruidos, infracciones de tránsito y otros incumplimientos de ordenanzas municipales. ¿Y qué los hace especiales? ¡Su proceso es mucho más ágil y sencillo que el de un juzgado penal! esto permite mantener el orden y la convivencia social de manera efectiva y en tiempos más rápidos. Además, su trabajo no solo implica sancionar, sino también promover las conductas responsables y prevenir futuras infracciones, ayudando a descongestionar el sistema judicial y a mejorar la calidad de vida en nuestras comunidades. En definitiva, son un mecanismo eficiente para cuidar nuestro espacio común y garantizar la armonía en nuestras ciudades.
En Jujuy, históricamente, estos tribunales, dependían del poder judicial y tenían la responsabilidad de administrar justicia en materia de contravenciones, que son infracciones leves a ordenanzas municipales o leyes provinciales pero la mano de Gerardo Morales terminó modificando ese esquema y los tribunales pasaron a depender del Ministerio de Seguridad.
En cuanto a la rendición de cuentas del dinero recaudado por multas, en Jujuy, los jueces contravencionales deberían remitir los fondos recaudados al ministerio de seguridad de la provincia estos fondos generalmente ingresan a un fondo específico destinado a cubrir gastos administrativos, programas de prevención o mejoras en la gestión de orden público y convivencia social.
La gestión y control de estos recursos están sujetos a auditorías y controles internos, y existe la obligación de rendir cuentas ante los organismos de control creados por ley.
Bueno, esto no está pasando en los tribunales contravencionales de Jujuy. Sobre todo en el juzgado contravencional a cargo del Dr. Matías Ustarez.
En un informe del año 2022 Ustarez señala que la cantidad de causas registradas en ese juzgado en las tres secretarias distribuidas territorialmente, es de treinta y siete mil novecientos trece.
La pregunta es: ¿dónde está la rendición de cuentas? ¡No están presupuestados los montos facturados por las eventuales infracciones?
Hay una investigación en curso impulsada por el ministerio público de la acusación y la causa ya tiene 4 imputados de ese juzgado contravencional. En la nómina de imputaciones no aparece el juez Matías Ustarez. Nadie lo explica pero lo que sí es real la reiteración de la historia de siempre “van por los perejiles”.
Algunos dicen que estos juzgados son cajas de la policía cuando en condiciones normales y transparentes esos recursos deberían volcarse a mejorar la condición de las comisarias, el mantenimiento de vehículos, etc. sin embargo aparentemente un agujero negro se vendría tragando esos fondos millonarios recaudados cuyo destino no se conoce pero si estarían generando sospechas sobre sus destinatarios finales.
Lo cierto es que lo que nació como un instrumento para aliviar la tarea de los tribunales ordinarios termina en un supuesto escándalo en el marco de un juicio por supuesta asociación ilícita y defraudación.