Tren eléctrico: ¿servicio público o costo público?

El presupuesto oficial era de $12.300 millones, pero la única empresa que se presentó, Benito Roggio Transporte, ofreció hacerlo por $15.886 millones, es decir, casi un 30% más. Por esa razón, el Estado consideró que la oferta era demasiado cara y decidió rechazarla. Sin embargo, después de rechazar esa oferta, el Estado le pidió a la misma empresa que continuara prestando el servicio mediante una prórroga del contrato anterior. El problema que se señala es que la resolución que autorizó esa prórroga no informa cuánto dinero se le iba a pagar a Roggio ni explica claramente cómo se actualizaría ese monto.

El planteo es conocer las condiciones económicas de esa prórroga. La pregunta central sería: si Roggio había dicho que necesitaba $15.886 millones para prestar el servicio durante tres años, ¿por cuánto aceptó finalmente continuar haciéndolo mediante la prórroga? Y también sería oportuno comparar ese valor con lo que la empresa venía cobrando anteriormente, para determinar si el precio anterior era razonable, si tenía márgenes elevados o si existían diferencias entre ambos contratos que expliquen la diferencia.

En definitiva, lo que se reclama es transparencia: conocer cuánto cuesta realmente operar y mantener el tren solar, cuánto paga el Estado por ese servicio y bajo qué condiciones, especialmente porque esos recursos públicos salen, en última instancia, del presupuesto del Estado.

Pasajeros transportados y pasajeros pagos

Hay una diferencia entre dos cifras oficiales sobre la cantidad de personas que utilizaron el tren solar durante 2025. La CNRT dice que 53.517 personas pagaron un pasaje, mientras que el gobierno de Jujuy informó que fueron 49.357 los pasajeros transportados. El problema es que, en principio, la cantidad de pasajeros que pagaron debería ser una parte del total de pasajeros transportados, por lo que no debería haber más pasajeros pagos que pasajeros transportados. Por eso aparece una duda que necesita ser aclarada: ¿por qué la CNRT registra 53.517 pasajeros pagos y el gobierno informa solamente 49.357 pasajeros transportados? Puede ser que cada organismo esté utilizando una forma diferente de contabilizar a los pasajeros, pero si es así, sería importante que el gobierno explique claramente qué significa cada número. La diferencia es de 4.160 pasajeros y es relevante porque la cantidad de pasajeros que efectivamente pagan el boleto permite saber cuánto dinero genera el tren y, por lo tanto, cuánto de su costo puede cubrirse con la venta de pasajes y cuánto debe ser sostenido con recursos públicos.

El tren eléctrico tiene un costo muy alto en relación con la cantidad de pasajeros que pagan el boleto. Durante 2025 viajaron 53.517 pasajeros pagos y el Estado calculó que necesitaría $12.300 millones durante tres años solamente para cubrir la operación y el mantenimiento del tren. Si durante esos tres años se mantuviera aproximadamente la misma cantidad de pasajeros, ese gasto representaría unos $76.600 por cada pasajero que paga. Además, la empresa que se presentó a la licitación consideró que el costo necesario era todavía mayor, de casi $99.000 por pasajero. El otro dato importante es que durante 2025 estaban previstos 3.647 viajes del tren, pero finalmente se realizaron 3.518. Al dividir los 53.517 pasajeros pagos por esos 3.518 viajes realizados, se obtiene un promedio de aproximadamente 15 pasajeros pagos por cada tren que circuló. En otras palabras, lo que se intenta mostrar es que el tren realiza muchos recorridos pero lleva, en promedio, pocos pasajeros que pagan el servicio. Por eso, la venta de boletos genera ingresos que podrían ser muy inferiores al costo de mantener y operar el tren, haciendo necesario que el Estado cubra la diferencia con recursos públicos.

En definitiva, el dato de los 15 pasajeros por tren permite entender de una manera muy concreta el desafío económico: hay que analizar cuánto cuesta hacer circular cada tren y cuántos pasajeros pagan efectivamente para sostener ese costo.

El debate sobre el tren eléctrico de la Quebrada no debería plantearse solamente como una discusión sobre si el tren funciona o no funciona, sino sobre cuánto le cuesta al Estado mantenerlo y qué beneficios concretos obtiene la sociedad a cambio de ese esfuerzo económico.

Los datos analizados muestran que los ingresos provenientes de los pasajeros serían insuficientes para cubrir los costos de operación y mantenimiento, por lo que una parte importante debe ser sostenida con recursos públicos; eso no significa necesariamente que el tren no deba existir, porque una obra pública también puede justificarse por razones sociales, turísticas, económicas o de desarrollo regional. Pero cuando se utilizan recursos de todos los jujeños, es legítimo exigir información clara, números transparentes y una explicación de por qué se toman determinadas decisiones.

Si además existen diferencias entre las cifras oficiales de pasajeros, una licitación en la que la única empresa oferente cotizó por encima del presupuesto y una posterior prórroga cuyo costo no aparece claramente informado, entonces el gobierno tiene la responsabilidad política de explicar cuánto cuesta realmente el servicio, cuánto se recauda y cuánto termina pagando el Estado. La discusión de fondo no debería ser estar a favor o en contra del tren eléctrico, sino exigir que una obra financiada con dinero público sea administrada con eficiencia, transparencia y rendición de cuentas.

Porque cada peso que se destina a sostener el tren es un peso del presupuesto provincial que también podría utilizarse para otras necesidades de los jujeños. Por eso, conocer los números y hacerlos públicos no es estar en contra del tren: es defender el derecho de los ciudadanos a saber cómo se utiliza el dinero público.