El fraude y la violencia invitan peligrosamente a prescindir de la democracia

El problema ya no es solamente un episodio aislado de violencia o una denuncia puntual de irregularidades electorales, sino la consolidación de una cultura de poder que, me parece a mí, ha avanzado sobre las instituciones, debilitando controles y pulverizando progresivamente el principio fundamental de la división de poderes.

Cuando el poder político logra condicionar o cooptar los organismos que deberían controlarlo, la democracia comienza a perder sustancia, aunque formalmente continúen existiendo elecciones, legislaturas y tribunales.

En ese contexto, la educación aparece como uno de los últimos reductos capaces de preservar valores esenciales para la convivencia civilizada: el pensamiento crítico, la libertad de conciencia, la defensa de la verdad, el respeto por las reglas y la capacidad de formar ciudadanos que no acepten dócilmente los abusos de poder. Por eso resulta particularmente grave que los conflictos políticos y las prácticas de confrontación hayan penetrado también en la comunidad docente.

Lo ocurrido tras los comicios vinculados a CTERA, con enfrentamientos y participación policial, vuelve a exhibir una escena que debería resultar absolutamente incompatible con una elección relacionada con quienes tienen la responsabilidad de educar a las futuras generaciones.

La presencia de la violencia allí no es un detalle menor: constituye un mensaje político y social devastador. ¿Qué pueden pensar los chicos cuando observan que incluso la educación, que debería ser sinónimo de diálogo, razonamiento y construcción colectiva, queda atrapada en escenas de agresión, imposición y confrontación? El riesgo es que aprendan que los conflictos no se resuelven mediante argumentos y reglas transparentes, sino mediante la fuerza, las presiones y la capacidad de imponerse sobre el otro.

Y cuando algunos dirigentes docentes son acusados de abandonar principios históricos para acercarse al poder político, como ocurre con esta señora, Silvia Vélez, la discusión adquiere una dimensión todavía más profunda. Un representante sindical o educativo no debería convertirse en una prolongación del poder de turno, porque su función exige precisamente independencia, coherencia y compromiso con los valores que dice representar.

La crítica no debería centrarse únicamente en una persona, sino en un sistema que puede terminar premiando la subordinación y castigando la autonomía. El mayor triunfo de un poder excesivamente dominante no consiste solamente en controlar instituciones: consiste en lograr que quienes deberían enfrentarlo terminen adoptando sus métodos, su lenguaje y sus valores. Ahí es cuando la corrupción política deja de ser únicamente económica o administrativa y se convierte también en una corrupción moral: se cambian principios por conveniencias, convicciones por cargos y la defensa de derechos por cercanía con el poder.

Si las denuncias de fraude, las escenas de represión y la intervención policial en espacios democráticos se vuelven hechos repetidos, Jujuy corre el riesgo de acostumbrarse a vivir en una democracia cada vez más vacía de contenido.

Porque una democracia no se define solo por votar, sino también por tener instituciones independientes, elecciones transparentes, libertad para disentir y garantías para que nadie tenga que recurrir a la fuerza para imponer su voluntad.

Y si la violencia llega a la educación y divide a quienes deberían defenderla, la pregunta sería la siguiente: después de semejante espectáculo, ¿qué sociedad estamos construyendo cuando quienes tienen la misión de enseñar valores terminan siendo protagonistas o víctimas de prácticas que niegan esos mismos valores?

La respuesta debería preocuparnos a todos, porque una sociedad que naturaliza el fraude, la represión y el deterioro de sus instituciones no está fortaleciendo su democracia: está aprendiendo, peligrosamente, a vivir sin ella.