En un clima de máxima tensión, la comunidad de Santa Rosa en Humahuaca logró frenar un nuevo intento de desalojo ordenado por la justicia provincial.
Tensión en Humahuaca: comunidad originaria denuncia un desalojo "por error"
La familia Soruco denunció por hostigamiento a la Directora de Niñez, Alejandra Martínez, y a la intendente local, Karina Paniagua. Aseguran que el Juez ignora que los planos estatales se superponen ilegalmente a tierras comunitarias.
Yolanda Soruco, integrante de dicha comunidad, dialogó con Radio 2 y reveló que el conflicto nace de una irregularidad administrativa: la Dirección de Inmuebles habría aprobado planos y escrituras de un particular que se superponen directamente sobre el territorio que la familia ocupa desde hace cinco generaciones.
"Inmuebles reconoció el error verbalmente, pero el Juez Juan Pablo Calderón no da lugar a ninguna de nuestras presentaciones ni a las advertencias de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes", explicó Soruco.
La disputa involucra una parcela de 150 metros por 30 metros que forma parte de un territorio comunitario ancestralmente ocupado.
Denuncia por hostigamiento contra funcionarios
La comunidad formalizó una denuncia contra la Alejandra Martínez, directora provincial de Niñez, Adolescencia y Familia y contra Karina Paniagua, intendente de Humahuaca, acusándolas de presionar a la familia para que abandone sus tierras bajo promesas de soluciones habitacionales precarias.
Según relató Soruco, funcionarios de Niñez intentaron mediar ofreciendo una casa en ruinas, sin servicios básicos (luz, agua, techo o ventanas), para que la familia se retirara voluntariamente. "Nos mandaron camiones de la municipalidad para que guardemos nuestras cosas y nos vayamos 'pacíficamente'. Sentimos que actúan con total desconocimiento de nuestra realidad como pueblo indígena", sentenció la comunera.
Remarcó además que en el predio habitan seis menores de edad, exponiendo que se intentó trasladar a los niños a cabañas temporales, separándolos de sus raíces y sin garantizar una solución de fondo.
En señal de apoyo, diversas comunidades originarias de la zona se acercaron al lugar para evitar el avance de la fuerza pública. Además, anunciaron una jornada de lucha para este miércoles en Plaza Belgrano, donde realizarán una permanencia frente a Casa de Gobierno exigiendo que se respeten las mesas de trabajo y se entreguen las personerías jurídicas pendientes.
El conflicto vuelve a poner de manifiesto una problemática mayor que afecta a las comunidades de la Quebrada y Puna: la falta de regularización de personerías jurídicas y relevamientos territoriales.