Esta decisión no satisfizo a sindicatos y usuarios, y referentes de instituciones de defensa del consumidor sostuvieron que la solución final será derogar la resolución 182, para evitar aumentos futuros.
Alicia Chalabe, titular del Comité de Defensa del Consumidor (CODELCO), explicó que se debe revisar el decreto para conocer lo que se dispone y que tiene que ser convalidado y publicado por la SuSePu
Sostuvo que se observarían facturas con aumentos superiores al 200% y que se refacturará con un tope del 48%, fijado por el 37% de nación. Además, recordó las presentaciones judiciales realizadas por instituciones como la que preside, pidiendo la nulidad de la resolución 182, que establece el aumento de la tarifa de energía.
También indicó que se fijó un crédito para usuarios, suponiendo que la empresa prestataria del servicio de energía eléctrica emitirá notas de crédito por las diferencias que se pagaron con las facturas de junio, julio y agosto.
“Planteamos la nulidad de la resolución por temas de forma y fondo; mañana se vence el plazo en el que EJESA tiene que contestar el planteo de las asociaciones de consumidores y ejercer su derecho de defensa. Esperaremos la medida cautelar en la que la indicamos al juez que retrotraiga la facturación a la que estaba vigente en abril de este año. La resolución 182 es el nudo del problema, el motivo del aumento de la tarifa, y son todos paliativos, porque dentro de uno o dos meses tendremos el mismo problema cuando llegue la próxima factura”, agregó.
Gratificación y fallo CEPIS
Por su parte, Claudia González, titular jujeña de la Asociación Protección Consumidores del Mercado Común del Sur (PROCONSUMER), consideró que los anuncios del gobernador son gratificantes pero no responden a los planteos judiciales que realizaron las instituciones de defensa del consumidor.
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“El aumento es nulo por violación de normas de fondo como la Constitución y la Ley de Defensa del Consumidor. Tampoco se contempla el Fallo CEPIS que tiene dos cuestiones básicas: la gradualidad y el impacto en el bolsillo de los usuarios. Ese impacto tiene que ser de tal manera que no sea confiscatorio o no decaigan los ingresos para que no se pueda hacer frente a otras necesidades”, indicó.
