Al mirar la realidad de las calles, de las escuelas y de las clínicas, aparece una brecha entre las cuentas contables y la vida real de quienes hoy no pueden esperar más para comer, para pagar un alquiler o para que sus hijos cuenten con un futuro digno. a nivel macro, el argumento habitual es que un superávit fiscal —que sería, en palabras simples, gastar menos de lo que se ingresa— garantiza estabilidad, reduce la deuda y abre la puerta a inversiones y que esta la contradicción de Sadir quien critica al presidente sobre su obsesión sobre la macro economía y no se olvida de la micro. Pero en Jujuy ocurre algo similar con la micro y la pregunta que preocupa a las familias jujeñas es: ¿en qué se invierte el del superávit? ¿Quién se beneficia? ¿Qué proyectos concretos mejoran la vida de la gente hoy, mañana y dentro de un año?
Superávit solo para crecer o para el desarrollo de los jujeños
En la conversación sobre la economía de nuestra provincia, a veces se escucha que el gobierno sintetiza su plan económico con la palabra clave: superávit. Pero cuando uno pregunta qué significa exactamente ese superávit para la vida diaria de la gente, la respuesta se complica.
Empecemos por entender dos conceptos clave que a veces se confunden, pero que deben desglosarse para no perderse en lo técnico: crecimiento y desarrollo. El crecimiento económico se mide en números como el producto interno bruto; es decir, cuánto produce una economía en un periodo. Pero el desarrollo humano es otra cosa: implica educación de calidad, salud accesible, empleo decente, vivienda, seguridad social y oportunidades reales para las personas. En muchos lugares, la preocupación no es la falta de crecimiento por sí mismo, sino que ese crecimiento no se traduce en mejoras palpables para la gente común. En Jujuy, como en varias jurisdicciones, la crítica es que las reglas económicas —con énfasis en el superávit— pueden priorizar la contabilidad y la disciplina fiscal por encima de la inversión social.
El primer punto de discusión es: ¿qué implica un superávit en la práctica? un superávit fiscal significa que el gasto público en un periodo es menor que sus ingresos. En teoría, eso mantiene a raya la deuda y crea un colchón para enfrentar golpes de la economía. en la práctica, sin embargo, ese colchón no siempre se traduce en beneficios directos para la gente: puede traducirse en recortes en áreas sensibles como educación, salud, seguridad y desarrollo territorial, o bien en inversiones que, por su naturaleza, no llegan de forma directa a quien más lo necesita. Cuando la gente pregunta “¿qué hacen con ese dinero?”, la respuesta ideal sería ver proyectos concretos: hospitales que se reconstruyen y abastecen, escuelas con maestros y materiales suficientes, programas de empleo joven, apoyo al emprendimiento local, transporte público razonable y accesible, y una red de asistencia social que llegue a quienes están en mayor vulnerabilidad.
Otra dimensión crucial es la transparencia y la rendición de cuentas. Si el dinero público no se ve invertido donde realmente se necesita, entonces el discurso del superávit pierde credibilidad. La gente quiere claridad: qué proyectos se financian, cuáles son sus metas, cuánto tardan en ejecutarse, qué resultados se esperan y qué mecanismos de control existen para evitar desvíos y gastos improductivos. Sin esa claridad, el superávit se percibe como una cuenta en frío que no responde a las urgencias cotidianas: salarios que no alcanzan, servicios públicos insuficientes, y una sensación de que las reglas económicas están hechas para las grandes cifras y no para las personas.
En el plano de políticas públicas, la pregunta es cómo se relacionan esas reglas con el desarrollo humano. ¿Qué quiere decir “inversión social dirigida” en el contexto jujeño? ¿Qué programas específicos se han diseñado para mejorar el acceso a la educación, la salud, la vivienda y el empleo? ¿Qué indicadores se usan para medir el impacto real en la vida de las familias? y, fundamentalmente, ¿con qué nivel de participación ciudadana se construyen estas decisiones? porque un plan que no se discute con la gente corre el riesgo de convertirse en un plan para las élites administrativas, no en un plan para la gente.
La crítica que se escucha en distintos espacios señala que las reglas económicas vigentes, al priorizar el equilibrio de las cuentas públicas, podrían estar descuidando la necesidad de una distribución más justa de los recursos y de una inversión que reduzca las desigualdades. En un país o una provincia con pobreza y desigualdad, sostener únicamente el superávit podría verse como una estrategia de estabilidad macro que, a la sombra, mantiene a raya la inversión social necesaria para cambiar condiciones estructurales. Cuando la gente piensa en el costo humano de esa decisión —la educación que no llega a todos por igual, la salud que se demora, los ingresos que no alcanzan para cubrir lo básico— es legítimo exigir que el dinero público rinda cuentas y se invierta con criterios de impacto directo y sostenido en el bienestar cotidiano.
Entonces, ¿qué criterios deberían orientar estas reglas para que sirvan efectivamente a la gente?
Con todo, lo importante es que el balance entre disciplina fiscal y desarrollo humano no sea una dicotomía: deben conectar. Un superávit bien gestionado podría liberar recursos para inversiones estratégicas que reduzcan pobreza y vulnerabilidad a mediano y largo plazo. Pero eso solo ocurre si las reglas se diseñan para que el dinero público no termine sirviendo para decorado contable, sino para mejorar vidas concretas, ahora mismo.
En síntesis: la gente necesita claro, concreto y verificable qué se hace con el dinero público. Que se expliquen los proyectos, que se muestre su impacto, que se audite, y que se involucre a la comunidad en cada paso. De esa manera, el argumento del “devolver al pueblo” no queda en palabras, sino en acciones visibles que transformen la vida diaria: educación que abra puertas, salud que acompañe, empleo que cuente y una vida digna que no dependa tan solo del mercado sino también de una gestión pública responsable y transparente. Si se logra eso, el supuesto equilibrio entre superávit y desarrollo humano dejará de ser una promesa vacía para convertirse en una realidad compartida por la mayoría de los jujeños.