Hay que decirlo con claridad la auditoría de cuentas de inversión no es un trámite decorativo. Su objetivo es verificar que cada peso destinado a obras, proyectos y servicios públicos se use conforme a la ley, a los pliegos y a los principios de control interno. Cuando estas auditorías se atrasan, no es una casualidad: se debe a una compleja intersección de factores técnicos, administrativos y politicos.
Política |
El poder no quiere controles, quiere discrecionalidad
¿Por qué pueden atrasarse las auditorías de las cuentas de inversión y qué significa eso para la transparencia y la rendición de cuentas? Se trata de exigir claridad cuando el dinero de todos está en juego, y de solicitar que las instituciones cumplan con los estándares mínimos de rigor y rapidez sin sacrificar la calidad de la revisión.
En lo técnico, la información debe ser completa y confiable para que las pruebas sustantivas tengan sustento. Si hay registros incompletos, cuentas mal conciliadas o documentación dispersa entre dependencias, los auditores se ven obligados a dedicar tiempo extra a reconstruir la realidad económica y física de cada obra. Ese esfuerzo no es excusa para la demora; es la condición necesaria para que el informe final no sea una caja negra. La cuenta de inversión 2023 que fue aprobada ayer en legislatura se la definió como una aprobación política es decir una suerte de confirmación de que se aprobó efectivamente una caja negra.
Por eso, cuando se dice que “faltan elementos de trabajo”, no es un simple comentario técnico: es una señal de alerta sobre la calidad de los datos que recibe la auditoría y de la capacidad institucional para recolectarla de manera oportuna.
En lo administrativo la planificación debe anticipar estas erupciones administrativas y diseñar rutas claras para la entrega de información, con responsables y plazos definidos, para evitar que la burocracia se trague la verdad detrás de cada factura, cada contrato y cada certificado.
En una democracia, la transparencia debe anticipar y acompañar cualquier cambio y no esperar a ver qué sale en el informe final sin explicaciones claras como pasa siempre en diputados.
El factor humano también cuenta ya que la capacitación y la experiencia del equipo auditorio como ha denunciado la contadora Susana Ustarez de APOC debe estar preparado en el marco de un contexto en que las inversiones públicas suelen ser complejas como contratación, obras, contabilidad pública y control interno. Si hay vacíos de conocimiento, la salida no es culpar al equipo, sino invertir en formación continua y en herramientas que permitan hacer el trabajo con rigor y rapidez sin sacrificar la calidad. Cuando se invierte en capital humano, se reduce el riesgo de conclusiones cuestionables y de retrasos injustificados. Esto no se realiza desde la auditoria por razones políticas no por cuestiones presupuestarias.
Si una auditoría se retrasa, la consecuencia no es solamente un atraso técnico; es la demora en que la sociedad conozca si hubo irregularidades, desvíos o riesgos para el gasto público. Por eso es esencial exigir que se comuniquen de manera clara las causas de cualquier demora, qué evidencias se están recopilando y cuáles son los plazos realistas para la entrega del informe. Esto no ha ocurrido y me temo que no ocurrirá. La transparencia no es una opción para este gobierno sin embargo, es una obligación democrática.
Las auditorías generales provinciales cumplen un papel clave en la rendición de cuentas del gasto público, al realizar informes sobre la cuenta de inversión y los gastos del estado. Su trabajo es específico, riguroso y detallado, orientado a garantizar que los recursos públicos se emplearan conforme a la normativa vigente, con transparencia y eficiencia.
El objetivo central de estas auditorías es verificar la integridad, la exactitud y la confiabilidad de la información financiera contenida en la cuenta de inversión, así como evaluar si las erogaciones y las inversiones se realizaron de acuerdo con las leyes, normas contables y principios de control interno aplicables. Para lograrlo, los auditores aplican un conjunto de criterios y métodos que se seleccionan con base en normas técnicas de auditoría y en la normativa específica de la contratación pública, de la gestión de gastos y de la inversión estatal. La trazabilidad desde la contratación hasta el pago debe ser impecable.
Una vez completada la auditoría, se elabora un informe técnico que recoge, de forma clara y verificable, los hallazgos, las evidencias y las conclusiones. este informe se estructura en secciones que permiten entender qué se auditó, qué se encontró, qué impacto tiene esos hallazgos en la credibilidad de la cuenta y qué medidas propone la auditoría para remediar las deficiencias. En cuanto a la difusión de los resultados, los informes no se quedan en un archivo interno: se remiten a los órganos competentes de cada jurisdicción y a las entidades auditadas para su rectificación, cuando corresponda, y para la implementación de las recomendaciones. A nivel institucional, estos informes suelen ser remitidos a la cámara legislativa.
Además, se elaboran comunicados de prensa o resúmenes ejecutivos destinados a la ciudadanía, con el fin de fomentar la transparencia y la comprensión de cómo se gestionan los recursos destinados a la inversión y a los gastos del estado. La transparencia no es una moda: es una obligación para que cada vecino entienda qué se hizo con su dinero.
En síntesis, el trabajo específico de las auditorías generales provinciales, al emitir informes sobre la cuenta de inversión y los gastos del estado, se apoya en criterios de legalidad, exactitud contable, adecuación del gasto al presupuesto, y control interno, y se apoya en métodos de revisión documental, pruebas sustantivas, pruebas de cumplimiento, muestreos y conciliaciones. Los informes resultantes se remiten a los órganos de control y a las entidades auditadas para corrección y mejora, con el objetivo final de fortalecer la gestión pública, promover la transparencia y garantizar que cada peso invertido contribuya al interés general de la comunidad.
En condiciones normales o mejor dicho en una verdadera democracia no esto que pasa en Jujuy así funcionan las auditorias generales provinciales. Lo que tenemos aquí como auditoria es tan solo un simulacro de supuestos controles ya que al gobierno o al poder real es decir: a Gerardo Morales, no le interesa las auditorias ya que considera que para los “dueños del Estado” no debe haber controles debe haber discrecionalidad.