La medida fue dispuesta por el juez con competencia en Narcomenudeo, Pablo Pullen Llermanos, tras la solicitud efectuada por la fiscal Angélica Griselda Solís, fundamentada en las herramientas que otorga la reciente reforma legislativa local.
Reincidencia y aplicación de la Ley 6472
La investigación preliminar comenzó a principios de 2026. En los primeros días de mayo, la Brigada de Narcotráfico ejecutó un primer allanamiento en el lugar donde se secuestraron cerca de 200 envoltorios de cocaína y elementos de fraccionamiento, quedando un hombre y una mujer detenidos con prisión preventiva. Sin embargo, en el transcurso de los meses posteriores, la policía constató que la actividad ilícita persistía en el mismo portón del inmueble.
"La policía de la provincia me vuelve a dar la noticia de que tenemos nuevamente situaciones de venta en el mismo lugar. Esto era una prueba fehaciente de que este bien inmueble era utilizado para fines ilícitos y para la venta de sustancias estupefacientes", explicó la fiscal Solís.
En esta segunda irrupción se incautó más sustancia fraccionada, dinero y teléfonos, derivando en la detención de otras cuatro personas. Ante esta situación de reincidencia, la fiscalía apeló al artículo 10 bis incorporado por la Ley 6472: "Es una medida accesoria y complementaria a la persecución penal donde podemos pedir distintas medidas como el desalojo inmediato, el aseguramiento, un embargo preventivo, un derribo de la construcción o la restitución a su legítimo propietario".
Acreditación del dominio e impacto provincial
Para solicitar la restitución formal, la fiscalía debió acreditar la titularidad de la propiedad. Mediante una sentencia de la Suprema Corte de la provincia del año 2021, se determinó que el predio ya no pertenecía al Aeroclub, sino que la titularidad dominial corresponde formalmente al Estado Provincial.
Respecto al destino final que se le dará a la propiedad recuperada, Solís precisó los alcances fijados por norma: "La prioridad siempre va a ser algún programa de prevención, asistencia de adicciones o algún espacio de inclusión comunitaria, capacitación laboral o fortalecimiento en todo lo que tiene que ver con la seguridad pública".
Finalmente, la representante del MPA confirmó que este procedimiento forma parte de un plan integral que busca desalentar la instalación de bocas de expendio en propiedades de toda la provincia. "Es una medida para desalentar que haya bocas de expendio en propiedades de diferentes zonas. Ya tomé contacto con el mapa del delito que maneja la Dirección de Narcotráfico y la intención es replicar estas medidas en distintos sectores de San Salvador, Palpalá, Perico, el Ramal, la Quebrada y la Puna", concluyó.
