El uso de las mayorías parlamentarias para imponer proyectos de ley sin un verdadero ejercicio de consulta o debate ciudadano es una práctica que erosiona la confianza en las instituciones. En el ámbito de las paritarias con los gremios, la convocatoria a reuniones sobre hechos consumados y sin margen para la negociación refleja un patrón de autoritarismo y de desprecio por el diálogo genuino.
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Sin reconocimiento del otro no hay paz social
El gobierno radical en Jujuy, que concentra el control de la provincia y la municipalidad, enfrenta una crisis de legitimidad evidenciada por la derrota en las últimas elecciones a manos de La Libertad Avanza. Esto obedece a su idiosincrasia política, profundamente antidemocrática. Su estilo de gobernar se basa en el desconocimiento y la subestimación de las necesidades y reclamos del pueblo, lo que genera una escalada de malestar social.
A nivel municipal, la elaboración de un pliego de licitación del transporte público a espaldas de los vecinos, sin una audiencia pública que garantice la transparencia, no solo alimenta las sospechas de acuerdos espurios con las empresas tradicionales, sino que también niega el derecho a la participación ciudadana en decisiones que afectan directamente su vida cotidiana.
Este modo de operar demuestra que el radicalismo no está interesado en la búsqueda del bien común, sino en la imposición de sus intereses sectoriales y en un claro deseo de dominación. Niegan la posibilidad de construir una sociedad basada en el servicio y en la convicción de que el otro es un actor social relevante. La negación de valor al que piensa diferente y la irrespetuosa desconsideración de sus reclamos son el motor de la violencia política y social que atraviesa Jujuy, ya que al despreciar las demandas ciudadanas porque perjudican sus intereses, imposibilitan la construcción de un pacto social basado en el reconocimiento mutuo y la pluralidad.
Las consecuencias inmediatas de estas conductas del gobierno, caracterizadas por la imposición, la falta de diálogo y el desprecio por la opinión y las necesidades del pueblo, se manifiestan en una rápida y profunda fractura social en Jujuy, lo que representa un caldo de cultivo para la inestabilidad y el conflicto. El primer efecto palpable es la pérdida de confianza en la clase dirigente y en las instituciones democráticas; la gente percibe que el gobierno actúa solo para sí mismo y sus allegados, generando una sensación de abandono e impotencia. Esta desconexión intensifica la frustración popular ante la persistencia de problemas cotidianos no resueltos, desde la precariedad laboral, hasta las deficiencias en salud y educación e infraestructura.
Al no sentirse escuchados, los ciudadanos no encuentran en las vías institucionales, como la Legislatura o el municipio, un cauce legítimo para sus reclamos, lo que inevitablemente lleva a la radicalización de la protesta social.
Se incrementan las medidas de fuerza, la calle se convierte en el único espacio percibido como efectivo para hacerse oír, elevando el nivel de confrontación con las fuerzas de seguridad y, por ende, el riesgo de violencia. En el plano económico y productivo, esta falta de paz social genera un clima de incertidumbre que desalienta la inversión y paraliza el desarrollo, perjudicando aún más las oportunidades para los jóvenes y los sectores más vulnerables.
En resumen, la conducta poco democrática y autoritaria del gobierno radical no solo profundiza la crisis preexistente, sino que condena a Jujuy a un ciclo de inestabilidad política, conflicto social incesante y un estancamiento en la solución de los problemas estructurales.